Critican opacidad del futuro de mineros desalojados por la Fanb

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) desalojó, desde el 1 de julio, a unas 8 mil personas que se dedicaban a la minería ilegal en Amazonas, sobre todo en el Parque Nacional Yapacana. Sin embargo, el Gobierno nacional nunca mencionó cuál sería el destino de estas personas.

Según cifras de la Administración de Nicolás Maduro, aún quedan unos 2.000 mineros ilegales operando en la selva, número que pretenden reducir en agosto, pero no se menciona la tensión que involucra la idea de despojar a miles de personas de su forma de subsistencia, a veces relacionada con bandas criminales.

Esto fue criticado por distintas oenegés, ya las Fanb solo mencionan los “logros” y las cifras a través de las redes sociales, pero no se informa de cómo se realizan los procedimientos ni el paradero de las personas que son desalojadas, aseverando siempre que es de manera voluntaria.

Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fanb, aseguró que estas evacuaciones son «voluntarias», si bien las imágenes que él mismo comparte en las redes sociales muestran a decenas de militares, fusil en mano, llevando a los pobladores en embarcaciones rudimentarias.

Luego de numerosos reportes sobre el avance del plan de “limpieza” de la Amazonía, se desconoce si las personas expulsadas enfrentarán algún proceso penal por participar en la minería ilegal o a dónde fueron a parar una vez que los militares dejaron de escoltarlos.

Una organización humanitaria que opera en la zona aseguró que las autoridades rechazaron un ofrecimiento de asistencia, al argumentar que los mineros evacuados, entre ellos niños, «tienen sus necesidades cubiertas» y «no necesitan ser ayudados».

Al respecto, Fundaredes aseguró que persisten las irregularidades en estos procedimientos, entre ellas, «desapariciones forzadas» de personas, aunque sea durante algunas horas.

«Detrás de esos desalojos, siempre hemos detectado arbitrariedades por parte de los funcionarios hacia las personas», a quienes «no se les respeta su integridad física», explicó la oenegé, que insiste en denunciar la complicidad entre algunos militares y grupos irregulares para cometer “desmanes» en la zona.

También indicó que los desalojados son principalmente en Yapacana, habitado casi exclusivamente por comunidades indígenas.

“Show mediático”

El Ministerio de Ecosocialismo anunció recientemente un plan de reforestación para las zonas afectadas por la minería ilegal, especialmente por el uso de mercurio, una modalidad que ha degradado la calidad de los suelos y las aguas.

Sin embargo, la cartera de Estado, que prevé emplear plantas resistentes a la contaminación, dejó claro que no sembrará ningún árbol hasta que termine el plan de evacuaciones.

Mientras tanto, la oenegé SOS Orinoco considera que las labores militares en la Amazonía venezolana son un «show mediático», porque basándose en imágenes satelitales, llama la atención sobre el hecho de que la deforestación por minería aurífera «avanza», incluso entre abril y julio, cuando la presencia militar se incrementó.

En redes sociales, esta organización publicó videos que muestran enfrentamientos, a gritos y empujones, entre miembros de la Fanb y comunidades indígenas que se niegan a abandonar las cercanías de alguna mina, así como la continuidad de la extracción minera en suelos y ríos.

Grupos de organizaciones no gubernamentales y actores humanitarios que realizan labores en Amazonas y Bolívar les preocupa, entre otras cosas, la posibilidad de que se cometan atropellos en las evacuaciones o que las personas desplazadas no cuenten con recursos para subsistir, después de años viviendo de la minería ilegal.

Por su parte, el Gobierno, que se dice comprometido con la restauración amazónica, mantiene la cruzada contra los individuos que actúan al margen de la ley sin rendir cuentas sobre el Arco Minero del Orinoco.

Con información de La Verdad