Extrabajadores de la reconocida empresa Cervecería Regional, visitaron la sede de El Regional del Zulia en Maracaibo y denunciaron que 252 adultos mayores se ven afectados ante la violación del contrato colectivo y despidos ilegales.
Manifestaron que la situación fue expuesta por aproximadamente 30 afectados ante la Dirección de Delitos contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) y ante el Fiscal Superior de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, asegurando que bajo engaño les fue arrebatada su jubilación y sus beneficios.
William Pirela (66), quien tenía 36 años de servicio en la empresa, afirmó que la mayoría de los afectados son adultos mayores y entregaron parte de su vida a la empresa, la cual poco a poco les fue arrebatado sus beneficios, tales como HCM, al igual que refirió se les cancelaba un sueldo mísero.
Pirela, resaltó que como se explica que en tiempos de pandemia la Inspectoría del Trabajo estaba cerrada y fue habilitada unos 15 días para «hechos de corrupción «.
«Le dimos la vida a la Cervecería, muchos que nos tocaba la jubilación trabajamos sobregirados y eso no lo toman en cuenta», expresó Pirela.
Por su parte, José Andara Medina, quien se desempeñaba como llenador de primera de la empresa cervecera, afirmó que hay una gran lucha legal desde el año 2021 cuando a él más de 250 de sus compañeros de trabajo, les hicieron firmar una transacción en la cual los despojaron de su jubilación y los beneficios del contrato colectivo de trabajo 2015-2028, tales como obsequios que mensualmente otorgaban y HCM que les corresponderían como jubilados.
Acotó que el grupo de futuros jubilados se sintieron coaccionados por el secretario de organización Henry Meoly González, directivo del Sindicato de Trabajadores de la Sociedad Mercantil Cervecería Regional en el estado Zulia (Sintracrez), quien según presuntamente estuvo avalado por Livimar Villanueva, que para ese entonces tenía el cargo de inspectora en la Inspectoría del Trabajo de Maracaibo, Dr. Luis Gómez.
“Nos despojaron de nuestra jubilación para obtener beneficios en detrimento de nuestro patrimonio personal y el de nuestras familias incurriendo en delitos que revisten de carácter penal como además de los delitos de asociación para delinquir, corrupción, abuso de poder y tráfico de influencia. Hoy no tengo nada me arrebataron mi jubilación”, aseguró Andara Medina.
Los denunciantes aseguran que para el 2021, durante la pandemia Covid-19 las instalaciones de la Inspectoría del Trabajo, fue cerrada y entregada a la alta gerencia de la cervecería por un período de 15 días, e indicaron que el jefe de seguridad de la empresa, era quien atendía y dirigía la puerta principal de entrada donde sólo se permitía acceso a los trabajadores que iban a firmar las actas de transacción para las que fueron llamados por el secretario Meoli González”, dijo.
“¿Nos preguntábamos dónde estaban los funcionarios del ministerio del Trabajo a quiénes les correspondía esta labor?; ¿Cómo una entidad pública del Estado se encontraba manejada, dirigida y tomada para servir una empresa privada para despojarnos de un derecho constitucional? y ¿Por qué no se les permitía la entrada a otros usuarios que llegaban a buscar información o presentar sus reclamos?”, cuestionó.
“Ellos se valieron de la necesidad de percibir un beneficio económico frente a una pandemia y del cierre de empresas, así como para evadir la normativa laboral y así ahorrarle a la empresa una gran cantidad de dinero que dejaron de cancelar a quienes bajo engaño firmamos esas actas de transacción, allí evidenciamos el tráfico de influencias y abuso de poder”, dijo Andara Medina.
Los afectados, piden justicia al fiscal general de la República, Tareck William Saab, en un intento por recuperar su patrimonio familiar al que le dedicaron toda una vida.
En tal sentido, ante la serie de injusticias mencionadas, exigen ayuda al Estado venezolano, en pro de sus derechos y beneficios.
Cabe destacar, que entre el grupo de afectados destacan, operadores de maquinarias, técnicos especializados, obreros, personal de limpieza, cuyas jubilaciones corresponden entre $300 a $1200 mensuales.
Con información de El Regional del Zulia