Habitantes de la urbanización Alameda en Caracas se oponen a la construcción de complejo deportivo de pádel

Nadie tiene claro por qué un estudio de impacto ambiental fechado en octubre de 2022 tardó nueve meses en ser mostrado abiertamente ante vecinos de La Alameda, la urbanización en el municipio Baruta de Caracas donde las intenciones de instalar unas canchas de pádel han desatado una airada respuesta de la comunidad ante lo que considera un peligro para una parcela que califican como «bosque urbano».

El proyecto busca desarrollar una extensa área verde en la zona, que cuenta con una sola entrada por la calle B de la urbanización y cuya vía interna conduce a un tanque de agua de Hidrocapital. Se trata de una parcela que la Alcaldía de Baruta identifica como de propiedad privada con zonificación para desarrollo deportivo, como también afirman, Rodrigo Henríquez y Carlos Arcay, promotores del proyecto y representantes de la Urbanizadora Colinas de Valle Arriba C.A. que impulsa la construcción.

La primera vez que el documento pudo ser visto por la mayoría de los vecinos fue el sábado 22 de julio de 2023, cuando el alcalde Darwin González lo incluyó en una gruesa carpeta de papeles, el expediente «de acceso público» del caso.

«El estudio se hizo el año pasado e involucró a inspectores del Ministerio de Ecosocialismo, entre agosto y septiembre de 2022», apunta Arcay diciendo que apenas terminado lo entregaron al despacho municipal el cual, cree, «no está en obligación de entregarlo a los vecinos porque esto es propiedad privada».

Aun así, Fabiana Garantón, abogada y quien ha asumido liderazgo en las acciones vecinales, sostiene que el gobierno local nunca se los mostró en todo ese tiempo. El Concejo Municipal, dijo el edil Federico Estaba a este medio el día de aquella asamblea, tampoco pudo verlo.

El estudio tiene 64 páginas y está elaborado por la empresa Aguas Subterráneas Consulting C.A., que en su cuenta de Instagram se muestra dedicada a hacer pozos profundos en Caracas, y está titulado Estudio de impacto ambiental y sociocultural para el proyecto Centro Deportivo de Pádel La Alameda, aunque lo sociocultural se reduce a un par de párrafos.

En el documento, cuyo índice no refleja la ubicación correcta de sus contenidos, se concluye que «la ejecución del Proyecto no generará impactos ambientales severos sobre el medio ambiente», y que con medidas preventivas y de mitigación «se gestionarán todos aquellos aspectos que inciden negativamente sobre el entorno».

El estudio de impacto ambiental refleja que el proyecto propone el desarrollo de «5.000 metros cuadrados para un centro deportivo de pádel con 44 puestos de estacionamiento», en el 24% de la parcela de 21.000 metros cuadrados totales -los representantes de la empresa hablan de 51 puestos y seis canchas.

Para ilustrarlo, Rodrigo Henríquez marca sobre la fotografía de toda el área cuál sería la extensión de la intervención:

«El terreno cumple con todas las características para desarrollar un proyecto deportivo que incluye además otros servicios porque es un club deportivo. Lo principal va a ser el pádel, pero puede tener servicio de fisioterapia, clases de yoga, un cafetín», agrega Rodrigo Henríquez. «La idea es desarrollarlo para tener un negocio allí y brindar servicios», apunta Arcay.

Fabiana Garantón sostiene que la zonificación del lugar es residencial, y que no hay líneas claras en torno a un eventual desarrollo comercial. «El proyecto está planteado en una calle que es ciega y es muy estrecha, donde incluso cuesta que pasen dos carros, y ya hay un pádel cerca en una vía principal».

Residentes de La Alameda afirman que un estudio de impacto ambiental y sociocultural debe incorporar, al menos, entrevistas con la comunidad. Reclaman que tal cosa no ocurrió. El documento asegura, en su página cuatro, que el proyecto «cuenta con el beneplácito de la asociación de vecinos de la calle B del sector La Alameda».

«Los vecinos no han sido consultados sobre si quieren pádel, cualquier proyecto tiene que ser planificado con los vecinos», reclamó Keyla Ramírez en la asamblea ciudadana realizada el sábado 22 de julio, con presencia del alcalde Darwin González.

Desde la empresa refutan la versión. «Hubo varias reuniones con la asociación de vecinos (Asonueve) desde agosto de 2022. Allí había opiniones divididas porque algunos decían que no debía hacerse nada, pero predominó la opinión de que si estaban todos los permisos había que buscar era el beneficio mutuo», dice Arcay a TalCual. Pero una minuta de un encuentro entre las partes fechada el 10 de enero de 2023, aportada a este medio por su socio, deja constancia de que esa fue apenas «la segunda reunión».

«(En agosto) quedaron en volverse a reunir, pero no lo hicieron. Cuando vinieron fue para meter camiones en diciembre», acusa el presidente de la junta de condominio de las residencias La Alameda, Claudio Alberto Albarracín, parte de Asonueve.

El sábado 22 de julio, durante la asamblea de vecinos en la calle B de La Alameda, el alcalde Darwin González entregó por primera vez a la comunidad una carpeta con el tan reclamado estudio de impacto ambiental y sociocultural fechado nueve meses antes, y también el sobreseimiento judicial fechado el día anterior 21 de julio.

La carpeta aportada por el alcalde incluyó un papel de la Dirección de Consultoría Jurídica de la Alcaldía de Baruta donde avala que «no existe ninguna objeción técnica ni legal» que impida el desarrollo del proyecto, citando la decisión del Tribunal. De ese sobreseimiento primero se enteró la alcaldía que el abogado Juan Garantón, que no fue notificado del fallo a pesar de ser parte en la causa.

Por otra parte, los vecinos afirmaron que la empresa Hidrocapital ha sido consultada sobre los terrenos para saber por dónde pasan tuberías, visto el tanque que existe en esos predios, pero no han tenido respuesta.

El concejal Federico Estaba dijo a TalCual que a la Cámara Municipal no ha llegado ningun documento que muestre el proyecto que se pretende en la calle B de La Alameda. El edil considera que hay terrenos de propiedad privada que tienen mucho tiempo baldíos «y pareciera que hay interés de sus propietarios en ponerlos en movimiento. Por eso le hemos pedido a la alcaldía por lo menos en 50 exhortos que termine de legalizar si el terreno es propiedad privada, y si tiene uso residencial o uso deportivo, para ver cómo minimizar esos impactos».

¿Por qué el despacho ejecutivo no ha respondido tales solicitudes? «No sé», respondió el concejal aquel sábado. «Hemos tratado de unir esfuerzos para poder tener respuestas oportunas a los vecinos, pero pareciera que hay intención en que esto se desvanezca».

En la asamblea ciudadana del 22 de julio, Darwin González pidió a los vecinos manejar el asunto con discreción aunque puso a su equipo a disposición de la comunidad para atender la problemática, y han estado en comunicación con los vecinos que lideran las acciones. Ante la prensa los funcionarios municipales han optado por la cautela. Solicitudes de entrevistas hechas para este reportaje no fueron atendidas por el alcalde ni por la oficina de Ingeniría Municipal.

Consultados para este trabajo, los promotores del proyecto Henríquez y Arcay hablaron en nombre de la Urbanizadora Colinas de Valle Arriba C.A., pero prefirieron no mencionar a los propietarios de la misma. «Hay varias familias, los apellidos no son relevantes. Es una empresa con varios accionistas».
En un documento enviado por la urbanizadora a la Alcaldía de Baruta, Rodolfo Belloso Clemente se identifica como director gerente de la compañía, mientras que la acreditación técnica del estudio de impacto ambiental del Minec a favor de la empresa está dirigida a Armando José Belloso Clemente (Roberto Henríquez firmó la notificación). Los papeles son de acceso público, según dijo el alcalde Darwin González al incluirlos en la carpeta entregada a vecinos el 22 de julio

Con información de Tal Cual.