La excavadora de Damocles: cómo India utiliza las demoliciones contra la minoría musulmana

Las demoliciones sumarias de viviendas supuestamente ilegales se han convertido en un castigo habitual en la India para aquellos acusados -pero no condenados- de delitos violentos, una práctica denunciada por activistas y abogados como dirigida contra las minorías, especialmente la musulmana.

El último ejemplo de la denominada «política de excavadoras» comenzó la semana pasada, cuando una procesión religiosa organizada por un grupo extremista hindú fue atacada por musulmanes en el distrito de Nuh, en el estado norteño de Haryana.

Esto dio paso a una ola de violencia en el estado, incluyendo el asesinato de un imán y el incendio de una mezquita en la ciudad de Gurgaon, que dejaron en total al menos seis muertos y decenas de heridos.

Las autoridades de Haryana respondieron arrestando a más de un centenar de personas, pero también demoliendo cientos de edificios supuestamente ilegales pertenecientes a la comunidad musulmana, con el propósito más o menos explícito de castigar a los culpables, según el funcionario preguntado.

Las demoliciones no son más que «una forma de violencia dirigida contra las minorías», lamentó a EFE la abogada Indira Jaising.

«Hace muchos años, en 1986, el Tribunal Supremo declaró que no se puede expulsar a las personas sin hogar que viven en las aceras sin previo aviso. Años después, nos encontramos en una situación en la que la gente con casa se enfrentan a un derribo sin el procedimiento establecido por la ley», dijo.

Los derribos de cientos de hogares y comercios pertenecientes a musulmanes en Nuh, exaltados por líderes del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP) en el poder como Jawahar Yadav, fueron finalmente detenidos por la justicia.

El Tribunal Superior de Punjab y Haryana se cuestionó si esta práctica no podría ser un indicio de «ejercicio de limpieza étnica».

Pero Nuh solo es un caso más de esta práctica relativamente reciente de las autoridades indias.

Las autoridades municipales de Nueva Delhi demolieron en abril de 2022 decenas de tiendas y estructuras en un barrio predominantemente musulmán de la capital, incluyendo parte de una mezquita.

Unas demoliciones que se repitieron también en el central Madhya Pradesh tras episodios de violencia entre comunidades, o en el norteño Uttar Pradesh por participar en protestas contra los comentarios sobre el profeta Mahoma por miembros del BJP.

«En un país donde debería haber una aplicación uniforme de la ley, las autoridades actúan de forma inapropiada utilizando medidas sumarias y saltándose las garantías procesales para castigar a grupos de gente», lamentó a EFE la subdirectora para Asia de HRW, Meenakshi Ganguly.

La excavadora se ha convertido ahora en una amenaza para comunidades enteras por las acciones de algunos de sus miembros, pero según Ganguly esta situación afecta a minorías como la musulmana.

«Hay muchas instancias en las que vemos el sesgo en el sistema criminal, donde los críticos con el Gobierno y las minorías religiosas parecen ser tratados de forma diferente bajo las mismas leyes en comparación con aquellos considerados como defensores» de las autoridades, dijo.

HRW ha denunciado otros incidentes de castigos fuera de la ley, como el flagelamiento público por un policía de varios hombres musulmanes en el estado occidental de Gujarat el pasado octubre, después de que varias personas fuesen detenidas por lanzar piedras contra una celebración hindú.

Las demoliciones fue una forma más visible de castigo en el plan del jefe de Gobierno de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, de hacer pagar los daños causados por los manifestantes durante las protestas en 2019 contra una enmienda legal que da la nacionalidad a inmigrantes de países vecinos pero excluye a los musulmanes.

Ante las críticas por la arbitrariedad del proceso, lo tribunales detuvieron en aquella ocasión los 274 casos presentados por las autoridades regionales y obligaron a devolver el dinero a los que habían pagado.

«¿Qué pasa con la compensación de aquellos cuyas casas y negocios han sido destruidos?», se preguntó Ganguly, «alguien tiene que rendir cuentas».

Con información de EFE