De acuerdo a la más reciente investigación realizada por Una Ventana a la Libertad, al menos 240 detenidos en calabozos policiales padecen de tuberculosis, 45 de VIH-SIDA, 7 de COVID-19 y 411 presentan un cuadro aparente de desnutrición (Emaciación: delgadez excesiva causada por enfermedad o falta de nutrición).
La Asociacion Civil, en alianza con el Proyecto Once Trece, realizó, entre octubre 2022 y julio 2023, 18 jornadas médicas asistenciales a efectos de determinar las condiciones sanitarias de los centros de detención preventiva y el estado de salud de los privados de libertad que se encuentran recluidos en estos lugares de carácter provisional.
Carlos Nieto Palma, coordinador general de UVL, destacó que las mencionadas jornadas médicas asistenciales, en las cuales se aplicaron pruebas rápidas de tuberculosis y VIH-SIDA, se realizaron en 7 estados del país: Miranda, Carabobo, Distrito Capital, Bolívar, Aragua, La Guaira y Zulia.
“La investigación abarca solo 161 calabozos policiales, 143 civiles y 18 militares. En estos lugares alcanzamos a atender a 1.276 privados de libertad: 1.112 hombres, entre los que destacan 1 trans y 83 adolescentes y 164 mujeres, entre ellas varias embarazadas”, dijo el activista.
Las cifras, inéditas, que logra precisar esta ONG, son solo una muestra del grave problema penitenciario que existe en Venezuela a nivel nacional.
Según el “Informe Final del Proyecto de Jornadas Médicas en los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Vargas, Zulia y el Área Metropolitana de Caracas. Octubre 2022-Mayo 2023”, realizado por Una Ventana a la Libertad, se determinó que en 161 calabozos policiales conviven 10.254 privados de libertad, para una capacidad instalada de 6.028 personas.
“Esto indica que existe un hacinamiento de 170 %”, precisa el documento.
No obstante, se explica que la mencionada población penitenciaria está dividida así: 9.271 hombres y 900 mujeres, entre ellos 83 adolescentes.
“Esta falta de distanciamiento es lo que hace que las enfermedades infecto-contagiosas como la tuberculosis, la escabiosis (sarna), gripes y COVID-19, entre las más comunes, se mantengan en la lista de problemas de salud entre los privados de libertad”, indica el informe.
De igual manera UVL explica que la mayoría de la población penitenciaria recluida en estos espacios se encuentra en riesgo sanitario debido a que las condiciones de los calabozos policiales no son las apropiadas para albergar reclusos por más de 48 horas.
“La sobrepoblación sigue siendo un problema a resolver, los programas de libertades selectivas como los son el Plan Cayapa y la Comisión para la Revolución Judicial, no dan los resultados esperados”, indica la ONG.
En cuanto a las condiciones sanitarias la investigación realizada por UVL determinó que de estos 161 centros de detención preventiva solo 86 tienen baños y 87 cuentan con agua potable.
Destacan que ninguno de estos calabozos tiene espacios especiales, capacidad o personal para atender a mujeres embarazadas o personas con discapacidad física o mental.
La organización ha reportado con frecuencia que las celdas de estos calabozos policiales no tienen ventilación y que muchas veces los reclusos deben preparar sus alimentos en los mismos lugares donde hacen sus necesidades fisiológicas.
“Los calabozos policiales no cuentan con capacidad de respuesta en caso de tener reclusos con padecimientos o enfermedades ya que solo 4 de ellos tiene servicio médico y 6 tiene personal de salud capacitado para atender emergencias”, se lee en el informe.
En cuanto a los niveles de desnutrición, ya que detectaron 411 posibles casos que representan el 4% de la población penal, UVL explica que esto se debe a la falta de alimentación balanceada.
Según el testimonio de algunos familiares, alimentar a los reclusos resulta difícil debido a los altos costos de los alimentos y a la falta de recursos para que madres, padres, hermanas y esposas lleguen a esos lugares a entregar las viandas contentivas de alimentos.
“Los familiares son los responsables de la alimentación de los reclusos venezolanos”, destacó UVL.
La organización informó, a través del mencionado documento, que al menos 8 reclusos murieron, entre octubre de 2022 y enero 2023, por temas relacionados a la salud.
Una Ventana a la Libertad es una asociación civil creada el 10 de diciembre de 1997. Desde hace casi 26 años se ha dedicado a promover y defender los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela.
Dada su experiencia, la organización, reitera las siguientes recomendaciones:
Con información de Foco Informativo