Colombia tiene tras las rejas a 242 personas por tráfico de migrantes
La Fiscalía General de la Nación entregó en ciudad de Panamá un balance sobre el delito de tráfico de migrantes y trata de personas en el marco de las migraciones regionales.
En Ciudad de Panamá, se desarrolla la Reunión de Fiscalías Especializadas en la Investigación y Persecución del Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
El fiscal General, Francisco Barbosa, entregó a los participantes las siguientes cifras: “desde 2020 han sido imputadas 468 personas por tráfico de migrantes en Colombia y 242 recibieron medidas privativas de la libertad por ese delito”.
Barbosa también destacó importantes cifras que lo que ha sido el trabajo en Colombia desde el 2020 frente al fenómeno migratorio.
El fiscal de Colombia reiteró la importancia de fortalecer la cooperación judicial para la asistencia, atención y protección de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad.
También, dentro de las cifras entregada en el encuentro internacional, el fiscal Francisco Barbosa informó que “contamos con 1.243 personas indiciadas, 468 personas imputadas, 649 capturas, 242 medidas privativas de la libertad, 849 abonados telefónicos nacionales, 6 internacionales, 241 bienes y 25 personas identificadas”.
De igual manera, destacó la necesidad de incrementar la cooperación judicial y de fortalecer la coordinación entre los países aliados, para garantizar la asistencia, atención y protección de las personas migrantes.
Agregó que la situación debe verse, no solo como un fenómeno criminal, sino también desde el tema social y económico.
“Que se piense en los equipos conjuntos de investigación, en que podamos seguir trabajando, no solamente desde la órbita de nuestros países, sino también desde la misma Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos que presido, y que ha sido fundamental para el desarrollo de todas estas dinámicas, con una aproximación analítica, estructural, para poder determinar en dónde se están produciendo esos delitos”, agregó Barbosa.
En cuanto al papel de los voceros judiciales en cada uno de los países, son importantes los retos y uno de ellos es continuar con el compromiso de los Ministerios Públicos de trabajar en conjunto para establecer ese intercambio de información y fortalecer la cooperación judicial.
En cuanto al flujo de dinero ilícito, insistió en la necesidad de frenar el flujo que se mueve detrás del fenómeno migratorio, como una estrategia de impactar el accionar de las estructuras trasnacionales.
En este encuentro participaron el procurador General de la República de Panamá, Javier Caraballo Salazar; representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Centroamérica y el Caribe; además de fiscales especializados en la investigación y persecución del tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Argentina, República Dominicana, Canadá, Chile y Perú.
Con información de Foco Informativo