El exjuez supremo peruano César Hinostroza, quien permanece en la clandestinidad desde julio de 2022, poco después de que España aprobara extraditarlo a Perú, reapareció este viernes de manera virtual, en una sesión de un grupo de trabajo del Congreso de su país que investiga las acusaciones por corrupción presentadas en su contra.
Hinostroza, quien es acusado por la Fiscalía de haber liderado una organización corrupta al interior de la Judicatura peruana conocida como «Los cuellos blancos del puerto», participó en una reunión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
El grupo de trabajo debate este viernes las acusaciones presentadas por la ex fiscal general Zoraida Ávalos en su contra por la presunta organización criminal en la Judicatura.
En la sesión, el exmagistrado cuestionó que existan pruebas suficientes para que la subcomisión autorice que se abra un proceso penal contra altos funcionarios y exfuncionarios públicos que gozan de la prerrogativa del antejuicio.
«Entiendo que esta subcomisión tiene el poder y la facultad de decir si hay delito o no delito, porque esto no es un juicio político, es un juicio jurídico, que está mezclado, entre comillas, con el procedimiento de antejuicio de los aforados», sostuvo.
En ese sentido, pidió «que se archive el caso porque también ha habido una confusión», ya la Fiscalía lo ha investigado durante cuatro años.
El exjuez supremo peruano César Hinostroza, quien permanece en la clandestinidad desde julio de 2022, poco después de que España aprobara extraditarlo a Perú, reapareció este viernes de manera virtual, en una sesión de un grupo de trabajo del Congreso de su país que investiga las acusaciones por corrupción presentadas en su contra.
Hinostroza, quien es acusado por la Fiscalía de haber liderado una organización corrupta al interior de la Judicatura peruana conocida como «Los cuellos blancos del puerto», participó en una reunión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
El grupo de trabajo debate este viernes las acusaciones presentadas por la ex fiscal general Zoraida Ávalos en su contra por la presunta organización criminal en la Judicatura.
En la sesión, el exmagistrado cuestionó que existan pruebas suficientes para que la subcomisión autorice que se abra un proceso penal contra altos funcionarios y exfuncionarios públicos que gozan de la prerrogativa del antejuicio.
«Entiendo que esta subcomisión tiene el poder y la facultad de decir si hay delito o no delito, porque esto no es un juicio político, es un juicio jurídico, que está mezclado, entre comillas, con el procedimiento de antejuicio de los aforados», sostuvo.
En ese sentido, pidió «que se archive el caso porque también ha habido una confusión», ya la Fiscalía lo ha investigado durante cuatro años.
«¿Qué más va a investigar? ¿para someternos a un proceso de cinco años más, en una tortura?, he pedido esta prescripción precisamente para frenar este tipo de abusos del Ministerio público y del mismo Poder Judicial», agregó.
Hinostroza se fugó de Perú en octubre de 2018 y reapareció en España, donde el 3 de julio de 2022 se ordenó su búsqueda a nivel nacional, para proceder a su detención e ingreso a prisión con fines de extradición, aunque no fue encontrado.
Posteriormente, el 8 de julio de ese año, la Audiencia Nacional española rechazó emitir una Orden Europea de Detención en su contra y dejó en manos de Perú pedir su entrega a Bélgica, donde al parecer se refugió tras salir de España.
Hinostroza siempre ha alegado que el Estado peruano le persigue por «motivos políticos» y que su país no ha ofrecido «indicios que sustenten» haber ofrecido o entregado ninguna dádiva.
Durante la tarde de este viernes, la Comisión Permanente del Congreso peruano revisará el informe final de la denuncia constitucional presentada contra el exjuez por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y patrocinio ilegal, según detalló el Legislativo.
La semana pasada, el Poder Judicial rechazó un pedido para que se archive una de las investigaciones seguidas en su contra apelando a una ley aprobada en mayo por el Congreso, que modificó los plazos de prescripción de algunos delitos.
El exjuez solicitó que se declare la prescripción de la investigación por el delito de patrocinio ilegal, que ya fue aprobada por el Congreso, porque la Fiscalía la cambió luego a cohecho activo específico.
En su resolución, el juez supremo Juan Carlos Checkley remarcó que la Fiscalía puede disponer la recalificación de un delito y que el cambio se hizo antes de la entrada en vigencia de la nueva ley.
Con información de Agencia EFE