Tamara Adrián, la abogada que quiere liderar la transición a la democracia

Tamara Adrián vio la luz por primera vez el 20 de febrero de 1954 en Caracas. Sus padres le pusieron de nombre Tomás Adrián. Se graduó suma cum laude en Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) en 1976.

Luego, hizo un doctorado en Derecho Comercial por la Universidad Panthéon Assas, en Francia y un diplomado en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Se define a sí misma como una mujer que anda con una bolsa llena de piedras para romper cuanto techo de cristal se encuentra por el camino, y para dárselas también a cualquier muchacha, para que aprenda también a romper sus propios techos de cristal.

En 1982 arrancó como docente universitaria, en la Ucab. Cuatro años después, en 1986, comenzó en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La reasignación de género la inició a principios de los 90 y culminó en 2002, en Tailandia. Desde 2004 pide ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que su cédula de identidad contenga el nombre que eligió para vivir su vida: Tamara Adrián. El cambio de identidad sigue sin ser reconocido en Venezuela.

Ya establecida como una importante activista por el derecho a la igualdad, su carrera parlamentaria fue impulsada por el partido Voluntad Popular y en 2015 es electa para ocupar un escaño en la Asamblea Nacional (AN), convirtiéndose en la primera diputada transgénero del país y de toda América Latina.

El 13 de abril de 2023 el movimiento político Unidos Por la Dignidad (UPD) anunció a Tamara Adrián como candidata a la primaria de la oposición, que se celebrará el 22 de octubre.

Adrián quiere hacer posible la transición

Pero su prioridad no es una “agenda” trans. En entrevistas para medios internacionales, Tamara Adrián ha dicho que su objetivo es hacer posible la transición hacia la democracia en Venezuela.

Tampoco se define ideológicamente ni de derecha ni de izquierda. Dice que desde el punto de vista del desarrollo económico podría ser capitalista, desde la óptica de la inclusión social podría ser socialista.

“Yo creo más bien en el (…) máximo desarrollo económico, con máxima inclusión social”, expresó en una entrevista para un medio internacional.

En cuanto al tema de privatizar a Pdvsa pide cautela, porque hay una reserva constitucional, la cual establece que cualquier idea de privatizar a la estatal petrolera tendría que pasar por una reforma constitucional, algo que no ve posible en un período de transición.

Es partidaria de eliminar el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), racionalizar la forma en que opera el IVA y encontrar un equilibrio efectivo entre los impuestos locales y nacionales.

Asegura que es indispensable hacer una solicitud de préstamos a organismos como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el sistema eléctrico, el sistema de agua potable y el sistema de aguas servidas, ya que, según ella, estos servicios se encuentran en la “carraplana”.

Con información de La Verdad