Milei convoca a sesiones extraordinarias del Congreso a partir del 26 de diciembre

El presidente de Argentina, Javier Milei, convocó el viernes a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, que está actualmente en receso, para que los diputados y senadores debatan la llamada “ley ómnibus”.

Las relaciones con los legisladores se han vuelto conflictivas tras el anuncio del decreto de necesidad y urgencia (DNU) por Milei hace unos días, que suscitó numerosas críticas de diputados y senadores, así como de organizaciones sociales, sindicatos y activistas, provocando protestas multitudinarias, informó Todo Noticias.

El Gobierno confirmó que enviará la “ley ómnibus” al Congreso con todas las reformas impositivas y fiscales, incluidas la reversión del impuesto a las ganancias, la modificación de bienes personales, el blanqueo de capitales y una moratoria para regularizar deudas del Estado. Pese al llamado a extraordinarias realizado este viernes, el paquete de leyes sería enviado recién la semana que viene.

La “ley ómnibus” contendrá múltiples iniciativas que, a diferencia del DNU, sí deberán ser aprobadas por el Poder Legislativo. La gestión de Javier Milei decidió enviar un solo proyecto amplio, que no estará dividido en tres partes, como se había pensado en un principio.

Este proyecto, que se complementa con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que el presidente firmó el pasado miércoles, incluirá reformas que no pueden eludir el Congreso. Entre ellas, cuestiones tributarias y del sistema electoral, como introducir la boleta única en las votaciones nacionales, y la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Como La Libertad Avanza no tiene mayoría propia en ninguna de las dos cámaras del Congreso, deberá buscar acuerdos con otras fuerzas políticas para lograr la aprobación de la ‘ley ómnibus’ y de las siguientes que enviará el Poder Ejecutivo.

Mientras, el DNU establece más de 300 modificaciones a leyes vigentes con el objetivo de «desregular» la economía del país. Sin embargo, el decreto motivó duras críticas por ser considerado «inconstitucional». Si bien no es necesario su paso por el Congreso, el DNU puede ser invalidado con el rechazo de ambas cámaras, es decir, el Senado y la de Diputados.