Bernardo Arévalo asumirá la presidencia de Guatemala tras meses de incertidumbre política
El líder progresista del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, ganador de los comicios presidenciales celebrados en agosto de 2023, asumirá este 14 de diciembre como jefe de Estado de Guatemala junto a su compañera de fórmula para la vicepresidencia, la científica y socióloga Karin Herrera, tras largos meses de incertidumbre, tensión política, confrontación y polémicas.
Estas acciones fueron denunciadas por Arévalo y Herrera, quienes alegaron que los expedientes creados por el MP en manos de la fiscal general, María Consuelo Porras, obedecían a una persecución política que pretendía generar un golpe de Estado y evitar que se formalizara su toma de posesión este 14 de enero.
Los conflictos entre la dupla presidencial electa y la fiscalía comenzaron semanas antes de su triunfo en la segunda vuelta presidencial, jornada que marcó varios hitos políticos, donde el dirigente se convirtió en el candidato más votado de la historia del país centroamericano con más de 2,4 millones de votos, y en el primero, también, en ser hijo de un expresidente.
Luego que las autoridades electorales confirmaran su victoria con 58% de los votos, frente al 37% que obtuvo la conservadora Sandra Torres, el entonces presidente electo, quien ya había denunciado el acoso judicial en su contra, destacó la participación de los guatemaltecos en los comicios como «un acto de defensa de la democracia», sobre todo en un momento histórico para el país que «significó un acto de valentía».
El sociólogo de 65 años, hijo del fallecido expresidente Juan José Arévalo (1945-1951), consideró que el alud de votos a su favor reflejó que la ciudadanía está harta de la corrupción enquistada en el Estado, y anhela cambios reales que transformen la política en Guatemala y abran paso a una verdadera institucionalidad democrática.
Disputas con la Fiscalía
Porras, junto con el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Freddy Orellana, han sido protagonistas de la arremetida contra Semilla y la dupla presidencial. El trío de funcionarios fue incluido en la lista de sanciones de EE.UU. por sus intentos de socavar el traspaso del poder.
La situación conflictiva comenzó desde que Arévalo ganó la primera vuelta y empezó a perfilarse como ganador del balotaje. Desde entonces, la Fiscalía emprendió acciones que terminaron en la suspensión del Movimiento Semilla e incluyeron el allanamiento de su sede y la del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como el secuestro de actas con resultados.
En medio de la incertidumbre causada por las acciones de la Fiscalía, que en diciembre denunció presuntas irregularidades cometidas por el TSE tras la victoria de Arévalo, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala ordenó «garantizar la efectiva toma de posesión» de todos los funcionarios que resultaron electos en los comicios de 2023.
Los reiterados intentos de judicialización en contra de Arévalo, Herrera y su partido, desataron una ola de protestas en el país con cierres de vías, paros y cercos ante las sedes del Ministerio Público.
A inicios de enero, el equipo del político que acusó públicamente a Porras desde septiembre de 2023 de estar detrás de un intento de «golpe de Estado», precisó que Arévalo se reunirá con la fiscal Porras, «lo antes posible», «para pedirle la renuncia».
El anuncio se dio con base en el fallo emitido por la CC, que ordenó a las instituciones del Estado garantizar el cambio de mando. Sin embargo, el jefe de la FECI se opuso a la decisión de la Corte y buscó dejarla sin efecto.
El desafío del Congreso
Además de mantener su lucha contra el acoso judicial que adelantan desde la fiscalía, que incluso llevaron a la vicepresidenta Herrera a solicitar ante la CC un amparo provisional para garantizar su derecho de antejuicio y su toma de posesión, Arévalo deberá enfrentar también el desafío de gobernar con un Congreso de mayoría opositora.
Así, el presidente guatemalteco ―que cuenta con apenas 24 escaños de Semilla en el parlamento― deberá medir fuerzas contra los 27 del bloque conservador Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y los 40 obtenidos por el derechista partido Vamos, fundado por el ahora expresidente Alejandro Giammattei.
A mediados de diciembre pasado, Arévalo exigió al entonces presidente Giammattei, que anulara la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado que aprobó el Congreso, al denunciar que la norma contiene «múltiples irregularidades» que afectarán el ejercicio fiscal de 2024.
Arévalo dijo que el decreto «contiene graves violaciones al marco legal e irregularidades» contra «la gestión pública, el bienestar social y el desempeño económico». Además, incluye una serie de enmiendas que afectan «leyes ordinarias» como: la del Organismo Ejecutivo; la de Presupuesto; la de la Superintendencia de Administración Tributaria; la del Banco de Guatemala; la de Contrataciones del Estado, entre otras.
El dirigente también advirtió que las «disposiciones» aprobadas por el Congreso, obligan al Ejecutivo a pagar una «deuda pública ilícita» con «asignaciones cuestionables, opacas», que «inducen a la corrupción», «menoscaban la autoridad, competencia y rectoría» de los ministros, y establecen «prohibiciones» al Ejecutivo, lo que constituye «un abuso de la facultad legislativa».
La controvertida ley, dice Arévalo, también impone una «reducción arbitraria de las inversiones sociales», prioriza el gasto público a favor de organizaciones no gubernamentales» y «amenaza el pago oportuno de deuda pública y el financiamiento de la inversión pública», lo que genera una «significativa afectación de la calificación de riesgo país» y «deteriora el clima de negocios e inversiones para Guatemala».
Previo a su asunción, Arévalo criticó la gestión de Giammattei ―quien fue presionado por la comunidad internacional para garantizar el traspaso de mando― y adelantó que anularía una serie de medidas que calificó como «absurdas» e «irresponsables», que demuestran el estado de corrupción en el que está sumido Guatemala.
«Para garantizar transparencia, tenemos que revocar algunos decretos irresponsables que realizó este Gobierno en sus últimos días de mandato», dijo Arévalo en una entrevista con EFE.
El ahora mandatario calificó como «absurda» la decisión de Giammattei de firmar un decreto que garantiza seguridad y vehículos a su círculo cercano durante los próximos cinco años.
«Son más de 80 vehículos y 700 personas de seguridad para un conjunto de funcionarios salientes, hacer esto es absolutamente inviable», dijo.
Entre tanto, Arévalo señaló que recibirá un gobierno y un Estado «terriblemente debilitado» debido a «la corrupción», que a su parecer «no solo roba el dinero», sino que también «atrofia a las instituciones».
Por ello, expresó, que uno de sus principales desafíos serán también lograr que «las instituciones públicas respondan a las necesidades de la población y recuperar la capacidad ejecutiva».