El Parlamento de Madagascar aprobó esta semana un proyecto de ley que busca imponer penas de castración quirúrgica o química a los violadores de menores condenados, una medida que ha generado controversia y críticas por parte de organizaciones internacionales.
El texto, que aún debe ser promulgado por el presidente Andry Rajoelina, prevé la castración quirúrgica como castigo para “los autores de violaciones cometidos contra un niño de menos de diez años”.
En el caso de violaciones a niños de entre diez y 13 años, se contempla la castración “química o quirúrgica”.
La medida ha sido aplaudida por algunos sectores de la sociedad malgache que la consideran como una forma de disuadir a los potenciales violadores y proteger a los niños. Sin embargo, ha sido duramente criticada por organizaciones como Amnistía Internacional, que la califica como “cruel, inhumana y degradante”.
En un comunicado, Amnistía Internacional (AI) pidió a Madagascar “derogar” la ley, ya que las castraciones “no son una forma efectiva de prevenir la violencia sexual” y “violan los derechos humanos de las personas condenadas”.
“La castración es un castigo cruel, inhumano y degradante que no tiene cabida en el siglo XXI”, señaló la organización. “En lugar de centrarse en medidas punitivas, Madagascar debería invertir en medidas de prevención y apoyo a las víctimas de violencia sexual”, agregó.
Otras organizaciones, como Human Rights Watch (HRW), también han expresado su preocupación por la ley. HRW señaló que la castración “no ha demostrado ser un método eficaz para prevenir la reincidencia” y que “podría tener graves consecuencias para la salud física y mental de las personas afectadas”.
La ley de Madagascar se suma a la de otros países, como Indonesia y Nigeria, que también contemplan la castración como castigo para los violadores.
Con información de Micrófono Zuliano