Activistas y defensores de los derechos humanos expresaron su rechazo ante el acuerdo firmado por Naciones Unidas con la directiva ad hoc de la Cruz Roja, impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2023, destinado a fortalecer las capacidades y la asistencia técnica en materia humanitaria en Venezuela.
Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, señaló que “sin garantía de independencia e imparcialidad no hay ayuda humanitaria viable”, y recordó que “la Cruz Roja está intervenida (…) con el nombramiento arbitrario de una directiva y sin que se ordene la consulta con los miembros de esa asociación”.
Por su parte, la investigadora Lexys Rendón instó a la ONU a ser coherente e indicó que la Cruz Roja Venezolana enfrenta una intervención que viola los principios de independencia y derechos asociativos.
Saúl Blanco, integrante de Espacio Público, criticó la intervención de la Cruz Roja, asegurando que violentó el principio humanitario de la de independencia. Además, cuestionó la falta de avances en la restitución del funcionamiento normal del ente, a pesar de los ocho meses transcurridos desde su intervención.
En agosto de 2023, el Tribunal Supremo de Justicia designó una nueva directiva para reestructurar el organismo internacional, alegando supuestos actos de corrupción por parte de la antigua directiva liderada por Mario Villarroel. Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras, fue designado como director por el máximo tribunal.
Con información de La Verdad.