Ecuatorianos descontentos con gestión de Gobierno ante crisis eléctrica
Ciudadanos ecuatorianos expresaron durante las últimas horas su descontento con la declaración de feriado energético para los días 18 y 19 de abril para el sector público y privado por el Ejecutivo del presidente Daniel Noboa, y manifestaron que dependen de trabajar para enfrentar el alto costo de la vida.
Trabajadores y expertos entrevistados por teleSUR manifestaron que la declaratoria de feriado energético no tuvo en cuenta las necesidades económicas de los trabajadores y sus familias. No se trata de un acto de rebeldía, sino de supervivencia, aclararon.
El 17 de abril pasado, la Policía reprimió con gas pimienta a estudiantes de la Universidad Central de Ecuador que protestaban contra la consulta, durante la cual no están previsto apagones.
En esa línea discursiva, el secretario de la Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, aseveró que existen sospechas de que el embalse de Mazar fue vaciado de manera deliberada para profundizar la crisis energética en los días previos al referéndum convocado por el Gobierno sobre reformas en materia de seguridad, justicia y empleo.
El otro embalse de suma importancia para generar electricidad se denomina Paute, pero está al 4 por ciento de su capacidad.
Horas atrás, Izurieta culpó al correísmo (léase primera fuerza política del país) del supuesto sabotaje al Estado ecuatoriano al afirmar que exfuncionarios de la administración del expresidente Rafael Correa (2007-2017) estarían involucrados en el caso.
El propio Noboa declaró que durante la investigación del presunto sabotaje eléctrico han identificado lo que llamó «objetivos militares». En palabras del mandatario, se trataría de grupos pertenecientes al crimen organizado, con ramificaciones trasnacionales y que incluso estarían siendo apoyados por Gobiernos de otras naciones.
Izurieta aseguró que no están previstos apagones para el domingo, cuando se debe celebrar el referéndum con 11 preguntas, iniciativa muy cuestionada por diversos sectores porque, además de ser costosa, el país puede atender a través de su Parlamento o por otras vías las materias de las interrogantes a consulta.