La organización política Vente Venezuela denunció este miércoles 19 de junio que Gabriel González, miembro del equipo nacional de Comunicaciones, fue presentado en tribunales a “espaldas de familiares y abogados, sin respetar su derecho a designar a sus abogados de confianza”.
En su perfil de la red social X (antiguo Twitter) el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela explicó que, a pesar de las solicitudes realizadas por sus padres, el Tribunal “se negó” a permitir la presencia de los abogados elegidos por el detenido.
Vente Venezuela reiteró que “las fuerzas represivas del régimen llevaron a cabo el secuestro de Gabriel González con el objetivo de trasladarlo al temido centro de detención conocido como El Helicoide”.
Según la organización liderada por María Corina Machado, ganadora de la elección primaria del pasado octubre, el joven “ha sido criminalizado simplemente por ejercer su derecho a la libre comunicación y por luchar por elecciones libres en el país”.
El activista Gabriel González fue arrestado el pasado 17 de junio por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cuando salía a comprar comida en compañía de Javier Cisneros, coordinador nacional de la organización juvenil Vente Venezuela.
Ambos fueron trasladados a El Helicoide, ubicado en Caracas. Sin embargo, tres horas más tarde, Cisneros fue liberado, mientras que Gabriel González permaneció detenido.
Los jóvenes, explicó Machado durante una rueda de prensa, estaban siendo vinculados a un “expediente en el que se les acusa de instigación al odio y asociación para delinquir” por acompañar al candidato Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), durante un acto político en Vargas.
“Es el terror de un régimen que sabe que ha perdido todo respaldo, respeto. Yo quiero insistir que ninguno ha cometido delito alguno, lo único que han hecho es dedicarse a promover la ruta electoral y actividades de campañas. Han sido detenciones arbitrarias y desaparición forzosa temporal”, declaró la exdiputada.
Por su parte, González Urrutia denunció que la detención de opositores representa una “violación” al Acuerdo de Barbados, firmado en octubre del pasado entre la PUD y el gobierno de Nicolás Maduro.
Aseguró que estas acciones buscan desanimar la participación electoral del 28 de julio y fomentar la migración de los jóvenes venezolanos. Anunció que denunciarán la nueva “arremetida” del gobierno de Nicolás Maduro en todas las instancias internacionales que correspondan.
Con información de La Verdad.