EE. UU. exigirá responsabilidades a quienes “faciliten el fraude electoral y la represión”

Brian A. Nichols, subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró que la Administración de Biden “exigirá responsabilidades a aquellos que faciliten el fraude electoral y la represión”, en Venezuela, tras los cuestionados resultados de las presidenciales que derivaron en protestas en todo el país y cuestionamiento por parte de la comunidad internacional.

A través de una publicación en la red social X (antes Twitter) el funcionario estadounidense señaló que al transcurrir tres semanas de las presidenciales, “Nicolás Maduro y sus representantes siguen negándose a publicar las actas originales que reflejan las verdaderas aspiraciones de los venezolanos para el futuro de su país”.

EE. UU. apoya los reclamos que hace una parte de la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González, sobre los resultados de las elecciones.

Con actas de escrutinio en mano han asegurado que la adjudicación hecha por el Consejo Nacional Electoral (CNE) dando como ganador a Maduro no se corresponde con el voto expresado el pasado 28 de julio.

Además de Machado y González, otros excandidatos como Enrique Márquez piden que el CNE muestre los resultados disgregados mesa por mesa.

Observadores internacionales, como el Centro Carter y el Panel de Expertos de la ONU, han dicho que el organismo no cumplió con medidas básicas de transparencia e integridad y, por tanto, también ponen en duda el anuncio que favorece a Maduro.

“La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada”, reiteró el subsecretario Nichols.

Las protestas en contra de los resultados del 28 de julio desataron una intensa represión por parte de la Administración de Maduro.

Según las autoridades, hay más de 2.300 personas detenidas y 25 muertos. Organizaciones independientes como el Foro Penal han verificado el arresto de 1.504 personas en todo el país, entre ellos más de 120 adolescentes y 200 mujeres.

Esta ola de detenciones, además de la persecución contra dirigentes políticos o personas que se identifiquen con la oposición, ha sido denominada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como prácticas de “terrorismo de Estado”.

 

 

 

Fuente: Tal Cual

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