El País: Venezuela sextuplica el número de presos políticos y supera a Cuba y Nicaragua

Desde el día de las elecciones hasta hoy, han sido detenidas 1767 personas en el país, según Foro Penal. Muchos son importantes dirigentes de la oposición, —el último, Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo, acusado de corrupción—; un número grande de activistas regionales, responsables electorales y cuadros medios de los partidos opositores; dirigentes de la sociedad civil y 12 periodistas.

También, muchos manifestantes indignados, vecinos anónimos, cientos de ciudadanos que salieron a protestar enfurecidos e incrédulos por los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) dando ganador a Nicolás Maduro.

Entre otros, han sido llevados a prisión, con diversos argumentos, el abogado del comando opositor Perkins Rocha; el secretario general del partido Voluntad Popular, Freddy Superlano; el exdiputado Américo De Grazia; la activista civil Rocío San Miguel; el periodista y miembro de Voluntad Popular, Roland Carreño; el activista Javier Tarazona, el exdiputado Biaggio Pillieri, del partido Convergencia, y el activista civil Ricardo Estévez de la Asociación Civil Súmate.

Vente Venezuela, fundado por María Corina Machado, es el partido de la oposición que tiene más cantidad de militantes presos, con 44, incluyendo a toda su dirección nacional, informa Magalli Meda, jefa del comando de Machado desde su cuenta en la red social X.

La propia Meda permanece asilada en la embajada de Argentina en Caracas junto a otros cinco dirigentes opositores. Le siguen Primero Justicia, con 34 militantes presos; Voluntad Popular, con 22; Encuentro Ciudadano, con 11, y Acción Democrática, con 10 dirigentes políticos presos.

La ONG Provea, especializada en Derecho Humanos, asegura que 25 personas fueron asesinadas en los días posteriores a las elecciones, la gran mayoría en protestas callejeras.

Desde las elecciones, particularmente en el mes de agosto, se reportan “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos sin orden judicial y actos de violencia por parte de las autoridades”.

En líneas generales, son acusados por el Estado de orquestar un movimiento para desconocer a las autoridades, crear zozobra y promover un golpe de Estado. El fiscal general, Tarek William Saab, denunció que este complot tiene su génesis en operaciones militares, ya presuntamente desmanteladas, como una que el oficialismo denominó Brazalete Blanco, que en teoría se fraguó a comienzos de este año.

Para ellos, el propio Nicolás Maduro, el presidente, prometió “justicia” y ordenó la ampliación inmediata de varias prisiones en el centro del país, como Tocorón y Tucuyito, además de algunas mejoras en otros retenes, para darle cabida a estos prisioneros, que ahora deberán enfrentar juicios ante las autoridades por terrorismo, traición a la patria o promoción del odio.

A diferencia de lo que ocurría antes, tal y como lo reportan varios activistas de derechos humanos, el Estado impide a los reos escoger a su defensa y les impone un abogado estatal para representarlo.

En general, hay también mucho hermetismo en abogados y activistas de ONGs al momento de declarar. Maduro ha dicho que, a diferencia de otras ocasiones, “esta vez no habrá perdón” con las conspiraciones de la oposición. 121 adolescentes fueron llevados a prisión por participar en protestas luego del 28 de julio, aunque 85 han sido beneficiados con medidas sustitutivas de libertad condicional.

“El Gobierno de Venezuela ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente”, advierte en una declaración la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos.

La misión especial de Naciones Unidas comenta que estos actos del Estado venezolano “no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro”.

En el umbral de las elecciones presidenciales, Amnistía Internacional describía así la situación político-electoral venezolana de la primera parte de 2024.

“Los meses previos a estas elecciones han estado marcados por ataques incesantes al espacio cívico, decenas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, represalias a comerciantes y prestadores de servicios a personas de la oposición, y medidas administrativas arbitrarias y abusivas. En un contexto de discursos amenazantes, censura y persecución, exigimos a las autoridades a garantizar y respetar de manera inequívoca los derechos de todas las personas en Venezuela durante y después de las elecciones”.

En las calles no se habla, se murmura. La población está a la espera. Una franja no tan pequeña de la sociedad venezolana ha terminado por naturalizar estos procedimientos y obviarlos. Se disuelve cualquier noción de garantía constitucional en el terreno político.

Muchos siguen aguardando por María Corina Machado, la líder de la oposición. Nadie atina a predecir qué ocurrirá en enero de 2025. La dureza del comportamiento de la policía con la ciudadanía fue especialmente manifiesta en el mes de agosto, si bien cedió en alguna medida en septiembre. Se hace rutinaria una tranquilidad cotidiana en las calles que le interesa especialmente a las autoridades.

El fiscal Saab argumenta que el informe de Naciones Unidas que enjuicia el comportamiento del Estado venezolano, “es sesgado, incontrastable, con testimonios anónimos, interpretado con base en prejuicios y sin detalles ni evidencias que permitan su revisión”.

Más adelante, en relación con los correctivos presuntamente tomados por el estado venezolano, agrega: “En su deformada representación de la situación del país, niega también las numerosas investigaciones, imputaciones y acusaciones realizadas por el Ministerio Público contra funcionarios que han cometido violaciones a derechos humanos”.

Fuente: El País.