La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves una nueva legislación que establece penas de 25 a 30 años de prisión y multas que pueden alcanzar hasta 1.055.680 dólares para aquellos que promuevan o se involucren con sanciones internacionales impuestas al Gobierno y a sus autoridades. Esta ley, denominada ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela’, necesita la firma del presidente Nicolás Maduro para poder entrar en vigor.
La normativa contempla la inhabilitación política por un periodo de 60 años para quienes cometan estos «delitos», lo cual les impediría ocupar cargos públicos o postularse en elecciones. Asimismo, establece que quienes apoyen acciones armadas o ataques cibernéticos contra el país y sus autoridades recibirán las mismas sanciones.
Las personas acusadas de promover tales acciones enfrentarán la misma multa, que deberán abonar en bolívares, usando la tasa del euro como referencia debido a su mayor valor en el país. Además, los medios de comunicación que difundan mensajes a favor de las sanciones sufrirán multas equivalentes, junto a posibles cierres o exclusiones del espectro radioeléctrico, dependiendo del medio.
El Gobierno ha clasificado las sanciones internacionales como crímenes de lesa humanidad, citando más de 900 medidas en la última década, en su mayoría provenientes de Estados Unidos. La ley también establece que el desconocimiento de la legitimidad de los poderes públicos y el reconocimiento de investiduras no oficiales serán considerados acciones que comprometen la soberanía. Se creará un registro nacional de individuos sospechosos de tales intervenciones, cuyo activos podrían ser congelados y operaciones comerciales prohibidas.
DCN/Agencias