Un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que la delincuencia y la violencia continúan afectando seriamente el progreso social y económico en América Latina y el Caribe. Según el estudio, los costos directos de estos problemas alcanzaron el 3,44% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022, manteniéndose similares a las cifras reportadas en 2017.
Ilan Goldfajn, presidente del BID, destacó que el crimen representa una carga significativa para las sociedades y limita el desarrollo económico de la región. Afirmó que esto incrementa la desigualdad y desvía inversiones tanto públicas como privadas, por lo que es crucial unir esfuerzos para abordar esta situación.
El informe indica que enfoques preventivos específicos y sistemas de seguridad y justicia eficaces son esenciales para lograr un cambio positivo. El BID, a través de sus experiencias, ha mostrado que es posible reducir el impacto del crimen, lo que ha motivado la creación de una Alianza Regional para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo.
El estudio titulado “Los costos del crimen y la violencia: ampliación y actualización de estimaciones para América Latina y el Caribe” cuantifica los costos directos del crimen en tres áreas: pérdida de capital humano –que incluye el tiempo productivo perdido debido a delitos, homicidios y encarcelamientos–, gastos en medidas de seguridad por parte de las empresas, y recursos estatales destinados a la prevención del delito y justicia penal. En 2022, los desembolsos de las empresas en seguridad representaron el 47% del costo total del crimen, mientras que el gasto público en prevención alcanzó el 31% y la pérdida de capital humano fue del 22%.
DCN/Agencias