EE. UU. impone nuevas sanciones a 21 funcionarios del gobierno venezolano.

Las autoridades estadounidenses anunciaron este miércoles 27 de noviembre un nuevo conjunto de sanciones dirigidas a 21 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y miembros de su aparato de seguridad. Estas medidas se deben a su participación en lo que se considera un «fraude electoral» y a las acciones represivas implementadas tras las elecciones del 28 de julio.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. informó en un comunicado que los sancionados, entre los cuales se destaca Daniella Desiree Cabello Contreras, hija del ministro de Interior, están vinculados con las autoridades venezolanas y han apoyado las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil, impidiendo así el reconocimiento de la victoria de Edmundo González Urrutia.

El comunicado también señala que los funcionarios mencionados han colaborado en ignorar la voluntad de la mayoría de los votantes y facilitan detenciones arbitrarias de opositores, incluyendo a González, quien tuvo que abandonar el país. Esta situación ha sido calificada como un intento de silenciar las voces ciudadanas, según el subsecretario del Tesoro, Bradley T. Smith.

El Tesoro reafirmó su compromiso de señalar a quienes recurren a la violencia y la intimidación en contra de la democracia y la libertad de expresión. Hasta la fecha, se han impuesto sanciones a unas 2,000 personas por estar relacionadas con actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Entre los sancionados figuran el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado; el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez; y el ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, además de altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana y otros cuerpos de seguridad.

DCN/Agencias