En Claves | Lo que determina la ley sobre el apoyo o la solicitud de sanciones
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar el 28 de noviembre de 2023, en respuesta a la Ley HR 825 de Estados Unidos, que el gobierno venezolano considera como un medio para intensificar sanciones y persecuciones. Esta ley busca proteger a la población de individuos o entidades, tanto nacionales como extranjeras, que promuevan sanciones o acciones perjudiciales para el país.
La legislación, compuesta por 23 artículos, establece penas de prisión de hasta 30 años y la inhabilitación política de hasta 60 años para aquellos que apoyen o soliciten sanciones en contra de la ciudadanía o de instituciones del Estado. Además, incluye medidas contra extranjeros que lleven a cabo acciones contrarias a los valores del país, que podrían resultar en expulsiones.
Para garantizar la aplicación de esta ley, se creará un registro nacional de personas o entidades que puedan estar incursionando en acciones contrarias a los intereses del Estado. Entre las sanciones se contempla el congelamiento preventivo de activos y la imposición de restricciones en la contratación con el Estado.
La ley también prevé sanciones para los medios de comunicación, apuntando a aquellos que difundan mensajes a favor de sanciones, con multas que pueden alcanzar sumas significativas en bolívares. Los medios digitales y electrónicos quedarían igualmente sujetos a estas restricciones.
El diputado Carlos Mogollón, quien presentó la ley, argumentó que se busca castigar a quienes alienten sanciones que afecten al pueblo venezolano, afirmando que la norma emergió del clamor popular ante las repercussions de tales medidas que, según él, constituyen delitos de lesa humanidad.
DCN/Agencias