Las recientes liberaciones de presos políticos tras las manifestaciones poselectorales han generado descontento entre las familias de los detenidos, quienes señalan que no se han liberado a todos los afectados, especialmente a aquellos con problemas de salud y a los adolescentes. Estas familias han solicitado audiencias ante la Fiscalía General para presentar nuevos casos o recibir un listado completo de las revisiones, tras el anuncio de una nueva serie de medidas cautelares.
El Ministerio Público, a través de su fiscal Tarek William Saab, indicó que se revisarían 225 casos de detenidos durante las protestas, pero organizaciones de derechos humanos reportan cifras menores: el Foro Penal confirmó 146 excarcelaciones, mientras que el Comité por la Libertad de Presos Políticos contabilizó 140, incluyendo 10 adolescentes.
Familiares de detenidos en penales como Yare III, Tocuyito y Tocorón expresaron que la orden inicial era liberar a quienes padecen enfermedades, pero esta directriz no se cumplió del todo. Pusieron ejemplos de casos de jóvenes y adultos mayores con condiciones de salud graves.
Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón mencionaron casos específicos de jóvenes con problemas de salud mental y complicaciones en el embarazo, que aún permanecen encarcelados. También se ha observado un patrón en el que varios miembros de una misma familia son detenidos, como el caso de los hermanos D’ Freitas, arrestados tras su trabajo en un panadería y supermercado, sin antecedentes delictivos.
Además, se reportó la excarcelación de al menos 24 adolescentes en varios estados, aunque a algunos se les impusieron restricciones importantes. Actualmente, más de 1.700 personas continúan detenidas por razones políticas en el país.
DCN/Agencias