La inadecuada atención pone en riesgo la vida de internos con enfermedades

Jesús Manuel Martínez Medina falleció el 14 de noviembre en Anzoátegui debido a complicaciones relacionadas con la diabetes que sufría. Era un preso político que había sido detenido durante la represión poselectoral del régimen de Nicolás Maduro y actuó como testigo en las elecciones del 28 de julio. Sus familiares denunciaron que, a pesar de su delicado estado de salud, se le negó atención médica adecuada.

Ese mismo día, en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), fue encontrado sin vida Gary Uzcátegui en uno de los calabozos del sector El Cumbre, en el municipio Valera, estado Trujillo. Se supo que Uzcátegui experimentaba constantes alucinaciones por una supuesta esquizofrenia agravada por su situación carcelaria. Se cree que pudo haberse suicidado.

En Maracaibo, estado Zulia, Ángel Nayib Boscán, de 63 años, murió el 27 de septiembre en el Centro de Coordinación Policial Oeste, donde se encontraba preso y padecía neumonía. También en Zulia, Gary Wilson Córdova Morillo, de 41 años, falleció el 28 de octubre en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en San Francisco. La ONG Una Ventana a la Libertad había informado previamente sobre la muerte de otro recluso en el mismo centro.

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), más de 15 personas han muerto en 2024 en centros de detención, el 30% por problemas de salud. En 2023, el OVP reportó 36 fallecidos, destacando las muertes por enfermedades y suicidios. La insalubridad y la falta de atención médica son problemas graves en estas instalaciones, donde las condiciones son extremadamente precarias. Actualmente hay cerca de 24,000 detenidos en calabozos venezolanos, cifra que ha aumentado tras las detenciones postelectorales.

DCN/Agencias