La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 91, reconoce el derecho a un salario digno para todos los trabajadores. Este artículo establece que cada persona debe recibir una remuneración suficiente que le permita satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, asegurando una vida digna.
Además del derecho a un salario suficiente, la norma menciona principios como la igualdad salarial, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y la protección del salario, que solo puede ser embargado en circunstancias excepcionales, como en casos de obligaciones alimentarias.
En la práctica, un salario digno debería cubrir aspectos esenciales como alimentación, vivienda, educación y salud. El Estado está obligado a establecer un salario mínimo vital que se ajuste periódicamente según el costo de la canasta básica, lo que busca preservar el poder adquisitivo frente a la inflación.
Sin embargo, a pesar de contar con un marco legal robusto, la situación económica del país ha alterado la efectividad de estas disposiciones. Expertos han señalado que la crisis actual ha erosionado significativamente el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que complica la posibilidad de asegurar un salario digno para todos.
Este contexto resalta los desafíos que enfrentan los venezolanos en cuanto al cumplimiento de sus derechos laborales, en un momento donde ni siquiera un salario mínimo permite cubrir lo más elemental.
DCN/Agencias