El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, autorizó el 10 de diciembre la instalación de una base militar de Estados Unidos en las Islas Galápagos. Esta decisión se da en el marco del «Proyecto de seguridad integral en la región insular» y el «Instructivo para la aplicación de los acuerdos de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos», eliminando un artículo de la Constitución que prohibía tales acciones.
Esta medida ha generado protestas entre ciudadanos, grupos ecologistas y otros sectores. Noboa justifica la instalación de la base como un medio para «combatir actividades ilícitas» como el narcotráfico y la pesca ilegal en este archipiélago, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1978.
A raíz de esta decisión, los tratados de cooperación militar firmados por Noboa el 15 de febrero de 2024 entrarán en vigor. Estos tratados permiten el ingreso de buques, personal militar, armamento y equipamiento estadounidense a Ecuador, lo que ha generado preocupación en sectores ecologistas por el posible impacto en el ecosistema marino de la reserva biológica.
Estados Unidos ya había tenido una base militar en Manta, entre 1999 y 2009, con el objetivo de combatir el narcotráfico bajo el Plan Colombia. Esta base fue cerrada por el presidente Rafael Correa, quien argumentó que durante ese tiempo los índices de violencia aumentaron.
Por otro lado, Perú aprobó el ingreso de 600 militares estadounidenses por un periodo de 21 días según una resolución del Congreso peruano. Los militares, que provienen del Ejército, Fuerza Aérea e Infantería de Marina de EE. UU., se desplegarían en varias ciudades del país.
En Argentina, durante la entrega de un avión Hércules C-130 por parte de EE. UU., el presidente Javier Milei reafirmó el compromiso de crear una base naval integrada en Ushuaia, una ubicación estratégica para el acceso a la Antártida. Milei destacó que esta base será un centro logístico clave y fortalecerá la relación entre ambos países.
DCN/Agencias