En noviembre de 2024, un informe de la ONG Espacio Público reveló un alarmante aumento en las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. Se identificaron al menos 21 incidentes que resultaron en 27 violaciones a este derecho ese mes.
Los casos documentados incluyen actos de intimidación, censura, hostigamientos judiciales y una amenaza, dirigidos contra ciudadanos, medios de comunicación y periodistas. Entre las acciones del Estado, se reportó la detención de un creador de contenido en redes sociales, conocido como «David Lamichi», en el estado Zulia. Este fue acusado de «incitar al odio» y de «afectar la imagen del gobierno». La Policía Nacional Bolivariana (PNB) mencionó vínculos del detenido con grupos delictivos en la zona, aunque sin presentar pruebas.
En cuanto al asedio a periodistas, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) citó al activista y coordinador de la ONG Provea, Oscar Murillo, el 20 de noviembre por una supuesta investigación bajo la ley contra el odio. Además, el 30 de octubre, el ministro Diosdado Cabello advirtió sobre acciones legales contra quienes denunciaran la detención del dirigente opositor Edwin Santos, quien habría muerto en custodia.
El informe también destacó la intimidación a periodistas durante una vigilia en El Helicoide, donde se han denunciado abusos. Ocho periodistas fueron detenidos en el contexto poselectoral.
El 28 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que impone severas sanciones a quienes difundan información sobre sanciones al Estado. Esta ley prevé hasta 30 años de prisión y la revocatoria de concesiones a medios que se consideren en desacato.
Por último, se ha intensificado la censura, dificultando el acceso a la información y limitando el derecho de los ciudadanos a participar en el debate público.
DCN/Agencias