El expediente contra Machado se amplía junto al costo político de su arresto
La situación de la líder opositora María Corina Machado ha tomado un giro significativo desde el 22 de noviembre, cuando el Ministerio Público de Venezuela anunció una nueva investigación en su contra. Se le están imputando presuntos delitos de traición a la patria, conspiración con gobiernos extranjeros y asociación para delinquir, todo derivado de su apoyo a la Ley Bolívar, aprobada en la Cámara de Representantes de EE. UU., que busca aumentar la presión económica sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
La Fiscalía aseguró que investigarán a Machado por promover esta ley, tildando su respaldo como un ataque a la nación. Previamente, en agosto, el fiscal Tarek William Saab había mencionado que Machado y otro opositor serían investigados por instigación a la insurrección, tras un llamado a las fuerzas del orden para desobedecer órdenes de represión durante las protestas post-electorales.
Desde el exterior, la figura de Machado ha cobrado relevancia. Expertos como el politólogo Carlos Romero indican que su lucha se ha convertido en símbolo de resistencia democrática, atrayendo atención internacional. Romero sugiere que la creciente presión sobre Machado podría dificultar una posible detención por parte del gobierno, debido a las repercusiones políticas que eso implicaría.
Asimismo, se ha señalado que la represión contra Machado es consecuencia del temor del régimen a su liderazgo. Abogados como Luis Guillermo Palacios destacan que la persecución se da en un contexto donde el Estado de derecho está comprometido, advirtiendo sobre los riesgos que enfrenta cualquier disidencia.
Machado, recientemente, denunció el hostigamiento a su familia por parte de las autoridades, señalando que esto marca un nuevo nivel de agresión contra su persona y su lucha política. En respuesta a las acusaciones de traición, ella reafirmó su compromiso con la lucha por la libertad en Venezuela.
DCN/Agencias