El 15 de diciembre de 1999 se llevó a cabo el referendo aprobatorio de la nueva Constitución venezolana, considerada por sus creadores y expertos como un avance en la protección de los derechos humanos. En diciembre de 2024, después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, se afirma que esta Constitución ha sido vulnerada en su totalidad, según especialistas.
El clima tras las elecciones ha visto un aumento de la represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro, caracterizada como un «terrorismo de Estado» hacia aquellos que son vistos como opositores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció esto en agosto.
Maduro ha advertido que aquellos que amenacen la Constitución se arrepentirán, mientras que expertos indican que son los mismos representantes del poder quienes la han menospreciado. Alí Daniels, abogado y director de Acceso a la Justicia, sostiene que han existido violaciones en todos los títulos del texto. Asegura que estamos ante una «suspensión de la Constitución», donde el principio de autoridad prevalece sobre las normativas.
Nelson Chitty La Roche, docente universitario, sugiere que se habla más de «desconstitucionalización», es decir, el desacato del texto y de las garantías que brinda. Resalta que más de 2.229 personas fueron arrestadas tras las elecciones, exacerbando patrones de violaciones de derechos humanos, como detenciones sin orden judicial y malos tratos.
Además, señala el papel de la Asamblea Nacional, bajo la presidencia de Jorge Rodríguez, como cómplice en este proceso de desconstitucionalización, al promulgar leyes que reducen el espacio democrático y criminalizan la oposición. Entre estas leyes se encuentran la Ley contra las ONG, que supuestamente limita la libertad de asociación, y otras que imponen inhabilitaciones a candidatos electos.
DCN/Agencias