Maduro refuerza el control y elimina el pluralismo a través de la Ley Simón Bolívar, siguiendo el modelo de Nicaragua
El gobierno de Nicolás Maduro ha implementado un marco legal destinado a marginalizar a la oposición política, generar miedo entre la población y aumentar la presión sobre los medios de comunicación. Esta estrategia coincide con la cercanía del 10 de enero, fecha en la que se planea su nueva toma de posesión, a pesar de las acusaciones de fraude en las elecciones del 28 de julio, y busca preparar el terreno para las elecciones regionales y de la Asamblea Nacional en 2025.
El nuevo marco legal otorga al gobierno poderes para excluir del ámbito político a quienes se considere que apoyan sanciones internacionales, con penas que pueden llegar hasta 60 años de prisión. Además, impone penas de hasta 30 años a quienes participen en actos que atenten contra la paz del país, según lo estipulado en los artículos 11 y 12 de la nueva ley.
La Ley Orgánica Simón Bolívar no es un hecho aislado; la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo ha estado promoviendo leyes que limitan el ejercicio de la sociedad civil y la oposición. Este año, se aprobó una ley que regula ONGs y otra contra el «fascismo», todas criticadas por defensores de derechos humanos por su impacto en las libertades civiles.
Expertos advierten que la normativa se alinea con un plan de control social y que busca establecer una única «verdad oficial», además de crear un registro de personas que el gobierno considere como apoyo a sanciones. Se destaca que esta ley podría aumentar la represión hacia quienes intenten expresar disidencia, afectando así la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
Por último, se establece que quienes hayan sido involucrados en sanciones no podrán postularse a cargos públicos, evidenciando un esfuerzo por silenciar a críticos del régimen. Las sanciones para los medios que difundan información en contra de la postura oficial se amplían, buscando controlar el flujo de información en el país.
DCN/Agencias