La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hizo un llamado el sábado al Estado para que libere «sin restricciones» a todos los «presos políticos» detenidos tras las protestas por los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
En una publicación en X, la ONG denunció que a estos detenidos se les ha negado el derecho a contar con un abogado de confianza y que varios de ellos se encuentran fuera de la jurisdicción donde supuestamente cometieron el delito.
El OVP también destacó que los familiares de los detenidos enfrentan dificultades económicas para visitarlos, pues no tienen recursos para trasladarse de un estado a otro ni para llevarles alimentos.
Recientemente, ONG locales informaron que alrededor de 190 «presos políticos» fueron trasladados sin previo aviso desde el centro penitenciario Yare III, en Miranda, a la cárcel de Tocorón, en Aragua, a más de 100 kilómetros de distancia.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos expresó la angustia de las madres, quienes no fueron notificadas sobre el traslado de sus seres queridos, detenidos en Anzoátegui, Miranda y Portuguesa.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón calificó esta situación como una injusticia más para las familias de los detenidos, enfatizando que es inaceptable no haberles informado sobre estos movimientos, considerando los sacrificios que hacen para visitar a sus hijos, muchos de los cuales enfrentan penurias económicas.
Después de las elecciones, la principal coalición opositora denunció un fraude, lo que provocó protestas y resultó en la detención de más de 2.400 personas, según la Fiscalía, que acusó a los arrestados de «violencia», «vandalismo» y «terrorismo». Según el ONG Foro Penal, actualmente hay 1.905 «presos políticos» en el país, la mayoría capturados tras las elecciones.
DCN/Agencias