Renuncia prominente abogado de la CPI ante estancamiento en caso Venezuela: ‘No puedo justificar esta situación’
El abogado chileno Claudio Grossman, quien fue asesor especial de la Corte Penal Internacional (CPI), presentó su renuncia en septiembre en rechazo a lo que considera una “inacción injustificada” por parte del fiscal Karim Khan en relación al gobierno de Nicolás Maduro y los crímenes de lesa humanidad. Grossman cuestionó la falta de acciones concretas contra quienes cometen violaciones graves de derechos humanos en Venezuela.
En un mensaje dirigido a Khan, Grossman expresó: “Ya no puedo justificar la elección de no tomar las medidas serias correspondientes contra los autores de las graves violaciones”. Además, alertó sobre la continuación de abusos por parte del gobierno de Maduro y la obstrucción de la labor de organismos internacionales, sin que se impongan consecuencias legales.
La renuncia de Grossman se formalizó luego de rechazar una propuesta para renovar su contrato y tras una llamada de Khan pidiéndole reconsiderar su decisión. Desde la oposición venezolana, líderes como Edmundo González y María Corina Machado denunciaron que el tribunal aplica un doble estándar, al priorizar casos como los de Vladímir Putin y Benjamin Netanyahu, mientras se demora en tomar medidas en Venezuela. En una carta, señalaron que esta inacción menoscaba la credibilidad de la CPI y agrava el sufrimiento de los venezolanos.
Khan ha defendido su enfoque de complementariedad, que busca permitir a las autoridades venezolanas investigar antes de que la CPI intervenga. No obstante, ha reconocido que los avances esperados en Venezuela no se han producido y que esta estrategia tiene un límite.
El gobierno de Maduro, por su parte, ha descalificado las críticas como parte de una “campaña de desinformación” orquestada por potencias occidentales. Además, han surgido cuestionamientos sobre la independencia de Khan debido a la relación de su cuñada, Venkateswari Alagendra, con la defensa del gobierno venezolano ante la CPI, lo que algunos consideran un posible conflicto de intereses.
DCN/Agencias