Agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo la desarticulación de una organización criminal en España, acusada de trata de personas con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, tráfico de drogas y otros delitos relacionados. La operación se desarrolló en Tenerife, Fuerteventura y Vigo.
La investigación inició a finales de febrero de 2024, tras recibir información sobre la posible explotación sexual de una joven venezolana en un apartamento en Santa Cruz de Tenerife. Este caso reveló la existencia de una organización que captaba mujeres jóvenes en Venezuela, trasladándolas a Tenerife con una deuda de aproximadamente 6.000 euros, obligándolas a ejercer la prostitución. Además, se identificaron al menos otras cuatro mujeres en condiciones similares en distintas viviendas de la isla.
Los agentes llevaron a cabo pesquisas que se extendieron hasta diciembre de 2024. En una primera fase, se descubrieron tres apartamentos donde se ejercía la prostitución y dos inmuebles donde residían los principales sospechosos. A raíz de las entradas y registros de los cinco inmuebles, cuatro personas fueron detenidas, acusadas de trata de seres humanos, prostitución coactiva, tráfico de drogas y organización criminal. En la operación, se liberaron cinco víctimas y se incautaron documentos, sustancias estupefacientes, dispositivos móviles, material informático, 13.595 euros y 10.561 dólares en efectivo.
Luego, gracias al análisis de testimonios y pruebas documentales, se realizaron otras seis entradas y registros en distintos inmuebles en Puerto del Rosario (Fuerteventura), Vigo y Santa Cruz de Tenerife. En estos operativos, se encontraron tres pisos en la capital tinerfeña donde siete mujeres estaban ejerciendo la prostitución. Se localizó una nueva víctima y se efectuaron dos detenciones adicionales.
La Policía Nacional dio por desarticulada completamente la organización criminal, indicando en un comunicado que de los nueve detenidos, seis se encuentran actualmente en prisión preventiva.
Esta operación evidencia la complejidad de la trata de personas y la explotación sexual en el territorio español.
DCN/Agencias