Human Rights Watch (HRW) alertó sobre una «brutal represión» en Venezuela después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, las cuales desencadenaron protestas contra la reelección de Nicolás Maduro, considerada cuestionada. En su informe publicado recientemente, HRW destacó que, a pesar de las irregularidades y violaciones de derechos humanos, hubo una participación masiva en el proceso electoral, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo control chavista, declaró ganador al candidato oficialista.
Desde el anuncio de los resultados, miles de venezolanos se manifestaron en las calles, principalmente de forma pacífica, exigiendo un recuento de votos. Las protestas incluyeron a comunidades de bajos recursos que tradicionalmente respaldan al chavismo, pero las autoridades respondieron con violencia, resultando en abusos, asesinatos y detenciones arbitrarias.
HRW informó haber recibido datos sobre 23 asesinatos de manifestantes y transeúntes, y mencionó la conexión entre las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, conocidos como «colectivos», en varios de estos casos. Sin embargo, la Fiscalía ha negado estas acusaciones.
La organización también reportó que cientos de personas han sido acusadas de delitos amplios, como «incitación al odio» y «terrorismo», que conllevan penas severas. Muchas de estas personas permanecen incomunicadas, sin acceso a abogados de su elección, y se han registrado casos de maltrato durante las detenciones.
La crisis política se agudizó después de la investidura de Maduro para un tercer mandato, la cual la oposición, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), considera un «golpe de Estado». La PUD afirma haber recopilado más del 85% de las actas electorales, apoyando la victoria del candidato Edmundo González Urrutia, aunque el chavismo desestima estos documentos como falsos.
DCN/Agencias