El Reino Unido anunció este viernes nuevas sanciones dirigidas a 15 funcionarios del Gobierno venezolano, alineándose con las medidas previamente implementadas por la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE. UU.). Entre los sancionados se encuentra Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ).
El ministro británico de Relaciones Exteriores, David Lammy, hizo este anuncio pocos minutos después de la juramentación de Nicolás Maduro, a quien calificó de «fraudulento». Además de Rodríguez, en la lista figuran otros altos funcionarios del TSJ, como Fanny Beatriz Márquez, vicepresidenta de la corte; Inocencio Antonio Figueroa, magistrado de la Sala Constitucional; y Malaquías Gil Rodríguez, presidente de la Sala Político-Administrativa. También se sancionaron a los magistrados Juan Carlos Hidalgo Pandares, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Luis Fernando Damiani Bustillos, Calixto Antonio Ortega Ríos y Tania d’Amelio Cardiet.
Entre los sancionados se encuentran Asdrúbal José Brito Hernández, director del departamento de Investigaciones Penales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante general del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb); Elio Ramón Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y Miguel Antonio Muñoz Palacios, subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Además, varios funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) también fueron sancionados. Estos incluyen a Antonio José Meneses, secretario general; Carlos Enrique Quintero, vicepresidente; Conrado Ramón Pérez, rector principal; y Rosalba Gil Pacheco, presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE.
En un movimiento paralelo, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, anunció sanciones a 14 funcionarios y exfuncionarios del Gobierno venezolano, sumando un total de 102 personas sancionadas desde 2017. Joly destacó la necesidad de encontrar una solución pacífica y negociada para la actual crisis en Venezuela.
DCN/Agencias