Empresarios, industriales y gremios en Bolivia han convocado a un paro de 24 horas el próximo 10 de febrero, en protesta por la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE). Consideran que esta medida es confiscatoria y vulnera sus derechos.
La disposición prohíbe a los actores de la cadena de comercialización de alimentos almacenar, retener o encarecer precios, y otorga a las entidades facultades para controlar, fiscalizar y, en su caso, decomisar productos. César González, representante de la Confederación de Gremiales de Bolivia, comentó en un Encuentro Multisectorial que aunque la medida ya existía, su aplicación actual es una amenaza para el comercio.
González advirtió que si la disposición no es derogada, los miembros de la cadena de abastecimiento llevarán a cabo su anuncio de paro a nivel nacional. Durante la reunión, se solicitó al presidente de la Asamblea Legislativa Nacional, David Choquehuanca, que intervenga para eliminar esta disposición.
Además, se acordó que las instituciones presentes en el encuentro no participarán en ninguna reunión para discutir la reglamentación de esta medida. Por su parte, el viceministro de Defensa de los Derechos de Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, expresó en una conferencia de prensa que se insistirá en la necesidad de un diálogo, donde se puedan presentar argumentos técnicos y jurídicos en contra de la disposición.
DCN/Agencias