Un juez federal de Seattle suspendió temporalmente la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que limitaba el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Durante una audiencia, el juez John Coughenour calificó la orden como «flagrantemente inconstitucional», según el diario Seattle Times.
El 22 de junio de 2020, Trump firmó varias órdenes ejecutivas para modificar el sistema migratorio, incluida una que buscaba imponer restricciones al derecho de suelo garantizado por la Constitución. Si se aplicara, esta orden impediría la emisión de documentos como pasaportes y certificados de nacimiento a niños nacidos en EE. UU. de madres en situación ilegal o temporal, cuando el padre no sea ciudadano o residente permanente.
Ante esta situación, 22 estados con mayoría demócrata presentaron demandas para bloquear la orden ejecutiva, además de una coalición de activistas por los derechos de los inmigrantes que formuló una tercera querella en otro estado. El juez Coughenour escuchó las argumentaciones de los cuatro estados demandantes: Washington, Arizona, Illinois y Oregón.
Durante la audiencia, Coughenour comentó que la claridad del caso era inusual en su larga trayectoria. También cuestionó cómo un abogado podría considerar la orden constitucional. Su decisión representa el primer fallo judicial en respuesta a esta controversia.
Trump, al enterarse de la decisión, anunció que apelará, mientras que el Departamento de Justicia afirmó que defenderá la orden ejecutiva. Los estados demandantes celebraron el pronunciamiento y reiteraron que la ciudadanía no debe depender de la raza o el origen de los padres, en línea con la 14ª Enmienda de la Constitución, que establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en EE. UU. son ciudadanos.
Por otro lado, Trump ha afirmado erróneamente que Estados Unidos es el único país que reconoce el derecho de suelo, cuando en realidad, varios países, incluidos Canadá y México, otorgan ciudadanía automática a los niños nacidos en su territorio.
La 14ª Enmienda fue adoptada en el siglo XIX con el fin de garantizar derechos a los antiguos esclavos y sus descendientes.
DCN/Agencias