El 10 de febrero, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, informó que la confiscación de un avión vinculado al Gobierno de Venezuela fue ordenada por un juez en Estados Unidos. Esta declaración se produjo en medio de las críticas de la administración de Nicolás Maduro, que denunció la acción como un “robo”.
Abinader explicó que el proceso fue llevado a cabo judicialmente y que el mandato del juez estadounidense fue el que fundamentó la operación, la cual cumplió con los requisitos legales establecidos en su país.
La incautación ocurrió el 6 de febrero, durante la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a República Dominicana. El avión en cuestión pertenece a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y estaba estacionado en el hangar del aeropuerto La Isabela, en Santo Domingo. Según reportes de Listin Diario, el avión, un Falcon 900EX con matrícula YV 3360, estaba listo para ser entregado a un funcionario de la administración de Donald Trump durante su visita.
La confiscación se justificó por supuestas violaciones a las leyes de control de exportaciones y sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. Para llevar a cabo la incautación, Rubio tuvo que firmar una solicitud para levantar el congelamiento de la ayuda extranjera, lo que permitirá cubrir más de 23.000 dólares en costos de almacenamiento y mantenimiento. También fue necesaria la autorización del Departamento de Justicia de EE. UU. debido a que se trata de un “compromiso policial”. Se informó que el avión será trasladado a Miami en un plazo de 45 días.
Este incidente marca la segunda confiscación de un avión privado vinculado a autoridades venezolanas en la República Dominicana. En septiembre de 2024, Estados Unidos había incautado otro avión relacionado con el régimen de Maduro en el mismo país.
DCN/Agencias