Familias venezolanas solicitan la creación de una mesa de diálogo para la liberación de los presos políticos
Familiares de políticos y activistas detenidos en Venezuela, en su mayoría relacionados con las protestas tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024, solicitaron este jueves al Ministerio Penitenciario la creación de una mesa de diálogo para tomar «acciones pertinentes» que faciliten la liberación de sus seres queridos.
Aurora Silva, esposa del dirigente político Freddy Superlano, expresó durante una manifestación en Caracas: «Exigimos poder llegar a una mesa de diálogo con esta institución del Estado. Que nos escuchen». La propuesta de mesa estaría integrada por la ONG Comité de Familiares de Presos Políticos (CLIPPVE), de acuerdo con un documento entregado al Ministerio, que también denuncia «violaciones sistemáticas a los derechos humanos» y exige «acciones concretas» para la liberación de los presos políticos.
Silva mencionó que los familiares han observado «patrones que se repiten» en centros de detención como Helicoide, sede del Sebin en Caracas, y en el Rodeo I, en Miranda, donde los detenidos son sometidos a «aislamiento prolongado», además de sufrir la suspensión de visitas como forma de castigo y «traslados arbitrarios».
Esta denuncia se produce en el contexto de la manifestación «Ruta por la justicia y libertad», organizada por familiares y defensores de derechos humanos, que comenzó el lunes y concluirá mañana, viernes, buscando protestar ante instituciones públicas como la Defensa Pública y la Fiscalía en Caracas.
Después de las elecciones de julio, se denunció una crisis por presunto fraude, ya que la coalición opositora sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó, a pesar de las proclamaciones del CNE, considerado afín al chavismo. Según informes, más de 2.400 personas fueron detenidas, de las cuales aproximadamente 1.900 han sido excarceladas, aunque la ONG Foro Penal asegura que no ha podido confirmar estas cifras. Hasta el 17 de febrero, Foro Penal contabilizaba 1.061 detenidos que considera «presos políticos», mientras que la Fiscalía y el gobierno niegan que existan detenidos por razones políticas.
DCN/Agencias