Haití se prepara para las elecciones después de cuatro años de vacío en el Gobierno electo.
Haití llegó este 7 de febrero a cuatro años sin un Gobierno electo, enfrentando una crisis severa caracterizada por el deterioro de las condiciones humanitarias, inseguridad y escasez de alimentos. La incertidumbre sobre el futuro del país persiste, aunque el Gobierno de transición ha prometido realizar elecciones en 2025.
Este día marca el aniversario en que el Consejo Superior Judicial puso fin al mandato del presidente Jovenel Moïse, quien fue asesinado cinco meses después. Desde 2018, el 7 de febrero es recordado por protestas de oposición y por la violencia generada por bandas armadas que atemorizan a la población.
Aunque no es un día festivo, muchas instituciones educativas y de gobierno cierran sus puertas ante el temor de represalias.
El Consejo Presidencial de Transición, establecido el año pasado, planea un referéndum para reformar la Constitución y organizar elecciones generales en 2025. Las elecciones más recientes se llevaron a cabo entre 2015 y 2016, culminando con la elección de Moïse, quien asumió el cargo el 7 de febrero de 2017.
Actualmente, se están llevando a cabo procesos de contratación para los responsables de las oficinas electorales, mientras consejeros visitan diferentes regiones del país y se ha compartido un calendario electoral con las autoridades. Sin embargo, la desconfianza se mantiene, dado que la situación de seguridad en Puerto Príncipe es precaria, con un 85 % de la ciudad controlada por bandas que cometen crímenes con impunidad.
Desde junio de 2024, está operando la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS), liderada por Kenia, pero la situación sigue empeorando. Las bandas armadas están expandiendo su territorio, y los ataques en provincias y áreas cercanas a la capital han aumentado. Esto ha obligado a miles de personas a evacuar sus hogares y vivir en condiciones inhumanas en campos de desplazados.
Por otro lado, las autoridades han intensificado las detenciones de policías y funcionarios del Estado sospechosos de colaborar con bandas criminales. La transición política sigue siendo un enorme desafío, sobre todo después de la renuncia del primer ministro Ariel Henry, cuyo mandato había expirado el 7 de febrero de 2024.
DCN/Agencias