El Ejército de Israel ha concluido su retirada del Corredor Netazarim, la línea que separa el norte de Gaza del resto del enclave, como parte del alto el fuego acordado con el movimiento Hamás. La salida, que inició el 27 de enero, fue confirmada por la radio del Ejército israelí y medios palestinos, quienes informaron sobre el regreso de desplazados al noreste de Gaza, área a la que no tenían acceso previamente.
La radiotelevisión pública israelí, Kan, también corroboró la retirada en las zonas del este de la carretera de Saladino, que atraviesa Gaza de norte a sur. Hamás, en un comunicado, consideró esto como un fracaso para el Gobierno israelí y un reconocimiento de su resistencia, al mismo tiempo que insinuó que se desmentían las afirmaciones del primer ministro Benjamin Netanyahu sobre una «victoria total».
Con esta retirada, las Fuerzas de Defensa de Israel solo permanecerán en el Corredor Filadelfia al sur de Gaza y en el «perímetro interior de seguridad», un territorio ocupado que fue establecido tras la invasión del 27 de octubre de 2023, que siguió al ataque palestino que dejó más de 1.200 muertos en Israel.
A pesar de esta retirada en Gaza, el Ejército israelí ha ampliado la «Operación Muro de Hierro» en Cisjordania. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que las operaciones se centrarán en el campamento de refugiados de Nur Shams y en otros campos. Katz indicó que buscan «aplastar la infraestructura terrorista», asegurando que impedirán la creación de un «frente terrorista» respaldado por Irán.
La Autoridad Palestina ha reportado que estas operaciones resultaron en la muerte de una mujer embarazada y su hijo no nacido en el campamento de Nur Shams, un hecho que ha sido denunciado como una ejecución por el Gobierno palestino, que también acusó a las fuerzas israelíes de obstaculizar el trabajo de las ambulancias.
En Yenín, el vicegobernador, Mansur Al Saadi, acusó al Ejército israelí de desplazar por la fuerza a 20.000 personas y afirmar que el campamento ha quedando totalmente destruido. Al Saadi advirtió que lo que ocurre en Yenín representa un «castigo colectivo» a unos 400.000 ciudadanos de la gobernación, afectando gravemente la economía y la educación en la región.
DCN/Agencias