Javier Milei anula iniciativas de vivienda y proyectos habitacionales
El Gobierno de Javier Milei disolvió este martes la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda mediante el Decreto 70/2025. Con esta decisión, la gestión de programas de vivienda, como el plan Casa Propia, será asumida por la Secretaría de Obras Públicas.
Milei argumenta que la política habitacional debe ser administrada por los gobiernos locales y el sector privado, limitando así la intervención del Estado Nacional en este ámbito. El decreto establece que la política de vivienda debe estar en manos de provincias, municipios y el sector privado.
Esta reestructuración se da en un contexto donde se han desintegrado fondos clave del sector, como el Procrear y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), los cuales han sido disueltos o están en proceso de disolución.
La Secretaría de Obras Públicas, que tomará el control de los proyectos de vivienda, deberá llevar a cabo un levantamiento de terrenos disponibles y establecer convenios con gobiernos provinciales y privados para implementar y transferir las iniciativas de vivienda. No obstante, sindicatos han alertado que esta medida podría resultar en el despido de cerca de 500 empleados.
La decisión se inserta dentro de la política de Milei de reducir el papel del Estado en la financiación de viviendas, tarea que sugiere debe ser asumida por entidades bancarias, tanto privadas como públicas, a través de créditos personales. Esta idea ha generado inquietudes, en particular por estar más allá de la capacidad de los municipios y provincias, como lo evidenció la Corte Suprema al paralizar la relocalización de barrios en la Cuenca Matanza-Riachuelo el año pasado.
Este recorte en fondos federales, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que ha dejado de recibir más de 220 mil millones de pesos, ocurre en medio de una crisis habitacional que ha visto un crecimiento en los asentamientos precarios y dificultades para acceder a créditos y alquileres, afectando a la población vulnerable.
Durante el primer año del gobierno de Milei, se paralizaron más de 100.000 obras públicas y se suspendieron más de 1,800 convenios, lo que tuvo un impacto directo en más de 170,000 empleos en el sector de la construcción y 400,000 indirectos.
T y F/ TeleSur
DCN/Agencias