ONG Provea solicita a la Administración de Maduro la autorización para la operación de activista detenida

La ONG Provea solicitó este jueves a la administración de Nicolás Maduro que permita a Rocío San Miguel, activista detenida desde hace casi un año, acceder a médicos de su confianza para ser intervenida quirúrgicamente por una fractura en el hombro derecho, según reportes de la organización.

Provea, a través de su cuenta en X, señaló que San Miguel «no puede ser sometida a una intervención por quienes tardaron meses en diagnosticarla». El abogado de la activista, Juan González Taguaruco, había comentado en diciembre que la fractura fue diagnosticada cuatro meses después de que se produjo.

La ONG también enfatizó que en su reclusión no se cuentan con las condiciones adecuadas para un postoperatorio y una rehabilitación digna, agregando que «ella tiene derecho a médicos de su confianza, no a un sistema que le niega atención efectiva y oportuna”.

Actualmente, San Miguel se encuentra recluida en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde Provea aseveró que «no puede prestarse para una cirugía en un centro con antecedentes de tortura y sin garantías para su integridad física».

Provea también defendió la inocencia de San Miguel y exigió el respeto al debido proceso. La activista enfrenta cargos de «terrorismo» y «traición a la patria» por su labor con Control Ciudadano, donde documentaba y reportaba sobre temas de defensa y soberanía nacional.

San Miguel fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía y acusada de tener un supuesto vínculo con un plan de magnicidio en contra de Maduro, además de entregar información sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a otras embajadas.

DCN/Agencias