Amnistía Internacional advierte: las expulsiones ilegales a El Salvador ponen en riesgo vidas en medio del estado de excepción.

La ONG Amnistía Internacional denunció el miércoles 26 de marzo que la «expulsión ilegal» de 238 migrantes venezolanos a El Salvador es una violación de los compromisos internacionales asumidos por Estados Unidos. En un comunicado, advirtieron que estas expulsiones ponen en riesgo la vida de las personas, dado que hay un estado de excepción vigente en El Salvador.

Las autoridades de EE. UU. llevaron a cabo el traslado a pesar de una orden judicial que solicitaba la suspensión de la medida. La directora de Amnistía para las Américas, Ana Piquer, señaló que el presidente Donald Trump ignoró al juez federal y solicitó su destitución.

El Gobierno estadounidense justificó las expulsiones al calificarlas como miembros del grupo criminal Tren de Aragua. Sin embargo, investigaciones posteriores han cuestionado esta asociación en varios casos. Amnistía indicó que muchos fueron identificados como miembros de bandas por sus tatuajes o su conexión con el estado de Aragua, sin pruebas concretas. Personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. reconoció que muchos de los expulsados no tenían antecedentes penales y que algunos fueron deportados por la percepción de riesgo de que pudieran delinquir en el futuro.

La ONG también destacó que el estado de excepción en El Salvador es preocupante, al considerar que la cooperación con este país fortalece la agenda de seguridad del presidente Nayib Bukele, caracterizada por políticas punitivas. Piquer indicó que El Salvador encarna una «tendencia alarmante» en la región, donde el encarcelamiento masivo y la criminalización de comunidades vulnerables se ven como soluciones a la criminalidad.

Amnistía Internacional subrayó que existe una «conexión clara» entre el enfoque de seguridad de Bukele y las políticas de Trump, ya que ambos pueden estar utilizando criterios discriminatorios sin las debidas garantías procesales. La organización pidió al Gobierno de EE. UU. que se revoquen las expulsiones a El Salvador y que se suspendan los programas de detención y deportación masiva. También demandaron el restablecimiento del derecho de asilo en la frontera sur con México, principal punto de entrada para migrantes hacia Estados Unidos.

DCN/Agencias

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