En el turbulento panorama de la educación superior en Venezuela, docentes y trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) llevaron a cabo el miércoles 19 una manifestación exigiendo mejoras económicas y sociales, así como acceso a becas para los estudiantes y la defensa de la autonomía universitaria. La protesta, sin embargo, no logró su objetivo de llegar al Ministerio de Educación Universitaria debido a un operativo policial que impidió la salida de la universidad.
Carlos Meléndez, sociólogo y director del Observatorio de Universidades (OBU), indicó que las movilizaciones en el sector han disminuido. En 2024, se registraron 37 manifestaciones vinculadas a la educación, una caída del 34% en comparación con 2023, atribuida a las restricciones del espacio cívico y a la represión que ha afectado a estudiantes y profesores desde agosto.
Meléndez advirtió que la falta de reconocimiento entre los sistemas de educación superior y salud pública agrava la crisis. La obsolescencia tecnológica en las universidades, que alcanzaría 15 años, se ha visto impulsada por la centralización de procesos administrativos por parte del Ministerio de Educación Universitaria, lo que ha restringido el acceso a nuevos equipos.
Desde 2024, el OBU anticipa un aumento en la conflictividad social y una continuación de la falta de derechos electorales en el sector. Las universidades autónomas se enfrentan a un déficit presupuestario que en algunos casos ronda el 99%, lo que impacta negativamente en la matrícula estudiantil.
El estado de la investigación científica es crítico, siendo las universidades controladas por el Gobierno las que menos contribuyen al conocimiento académico. La migración de científicos también ha incrementado, complicando el panorama educativo. Las universidades enfrentan una crisis de calidad, donde la falta de recursos y la baja cantidad de profesionales jóvenes afectan su capacidad de ofrecer una educación de excelencia.
La situación de las universidades refleja la crisis más amplia que vive el país, donde la interconexión entre educación y salud genera consecuencias multisectoriales, implicando la responsabilidad del Estado en el mantenimiento de estándares de calidad en la formación profesional.
DCN/Agencias