EEUU deporta a 238 supuestos integrantes del Tren de Aragua a las cárceles de El Salvador, mientras Venezuela denuncia ‘criminalización’ de sus migrantes
El 16 de marzo, la Administración Trump deportó a 238 personas desde Estados Unidos a El Salvador, aparentemente todos venezolanos, a quienes se les acusa de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua. Esta acción se llevó a cabo utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que permite acelerar deportaciones de migrantes indocumentados por razones de seguridad nacional. Esta ley había sido bloqueada temporalmente por el juez James Boasberg.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, confirmaron que, además de los venezolanos deportados, 23 miembros de la Mara Salvatrucha también fueron enviados al Centro de Reclusión para Terroristas en El Salvador. A pesar de la suspensión de la ley, los deportados ya se encuentran en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, donde permanecerán por un año prorrogable.
La actuación del juez Boasberg incluyó dos sesiones para anular deportaciones y extender esas anulaciones a futuras expulsiones, pero Bukele indicó que las deportaciones se habían realizado durante el tiempo en que la ley estaba bloqueada. El presidente salvadoreño comentó en sus redes que Estados Unidos pagará por los detenidos, haciendo referencia a los costos relacionados con su encarcelamiento en una de las prisiones más grandes de América Latina.
En respuesta, el gobierno venezolano emitió un comunicado el mismo 16 de marzo, en el que rechazó la deportación y denunció lo que considera una criminalización de la migración venezolana. Según el comunicado, migrantes venezolanos están siendo perseguidos en sus lugares de trabajo, iglesias y escuelas, incluyendo a menores de edad. El gobierno asegura que apelará a mecanismos de defensa diplomáticos y legales para proteger a sus migrantes y advierte sobre el precedente que esta acción representa.
El documento del gobierno subraya que la calificación de venezolanos, incluso niños, como miembros de grupos terroristas por su nacionalidad es un extremo inaceptable.
DCN/Agencias