El Fiscal de EE. UU. anticipa que el Tribunal Supremo intervendrá en el asunto de la deportación de migrantes venezolanos.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el 24 de marzo que el Tribunal Supremo intervendrá en el caso relacionado con la deportación de 300 migrantes venezolanos a El Salvador. Esta acción fue ejecutada por la Administración de Donald Trump, a pesar de que un juez federal había emitido una orden bloqueando las deportaciones durante al menos dos semanas.

Bondi declaró en una entrevista con Fox News que el juez federal, James Boasberg, está «fuera de control» y cuestionó su autoridad para influir en la política exterior de Estados Unidos. Según la fiscal, la Administración apelará la decisión del juez, expresando confianza en que prevalecerán en el proceso judicial.

El presidente Donald Trump y otros funcionarios también han criticado al juez Boasberg, sugiriendo que debería enfrentar un juicio político. En una reacción poco común, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, defendió al magistrado, quien había prohibido vuelos de deportación de venezolanos presuntamente asociados a la pandilla Tren de Aragua.

Boasberg dictó que los aviones que transportaran a estos migrantes no debían salir de Estados Unidos o debían regresar si ya habían despegado, aunque un vuelo terminó aterrizando en El Salvador. La Administración argumentó que el juez no podía interferir en políticas de seguridad nacional y señaló que los aviones ya estaban fuera del territorio estadounidense al momento de la orden.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, amigo de Trump, hizo un comentario sobre la decisión del juez, indicando que había llegado «demasiado tarde» para detener la deportación.

DCN/Agencias