El Tribunal Supremo de Brasil, en una votación mayoritaria, ha decidido imputar al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus aliados por los delitos de rebelión e intento de golpe de Estado. Esto se produce tras los ataques a las instituciones en Brasilia el 8 de enero de 2023, eventos por los cuales la Fiscalía presentó los cargos.
El juez Alexandre de Moraes, relator del caso, indicó que hay evidencias suficientes para respaldar la denuncia. Según Moraes, el expresidente estaba al tanto y participaba en la elaboración de un plan que involucra a los demás acusados: el exministro de Justicia Anderson Torres, los exministros de Defensa Walter Braga Netto y Paulo Nogueira, el exjefe de Gabinete de Seguridad Augusto Heleno Ribeiro, el exdirector de Inteligencia Alexandre Ramagen, el excomandante de la Marina Almir Garnier Santos y el coronel Mauro Cid.
Durante la presentación, de Moraes mostró imágenes de la jornada violenta y refutó la defensa de Bolsonaro, que afirmaba que los participantes eran mayormente religiosos y personas mayores, señalando que “no se ve ninguna Biblia” en las grabaciones y asegurando que no fue un “domingo en el parque”.
El juez aclaró que existió una organización criminal coordinada con el objetivo de derrocar al gobierno legítimamente elegido, aunque este plan no se concretó debido a la resistencia del Ejército y otras medidas de seguridad. Ahora, tras la imputación, el caso pasará a la fase de instrucción, donde se recolectarán pruebas y se tomarán declaraciones de testigos antes de que el tribunal tome una decisión final. Bolsonaro se enfrenta a una posible pena de hasta 40 años de prisión.
El expresidente no estuvo presente en la votación, decidiendo seguirla por videoconferencia desde una oficina del Senado, donde se encontraba con su hijo, Flávio Bolsonaro, y otros aliados. La Fiscalía ha acusado a Bolsonaro de tratar de impedir, de manera coordinada, que se respetara el resultado de las elecciones presidenciales de 2022, sosteniendo que “el plan” se originó en 2021 con acciones y declaraciones que cuestionaban la integridad del proceso electoral.
Adicionalmente, se han presentado pruebas que indican un plan que no solo buscaba un golpe de Estado, sino también atentados contra la vida del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez del Supremo, Alexandre de Moraes, en lo que se conoce como el plan ‘Puñal verde y amarillo’. Estos eventos culminaron en un asalto a las sedes del Congreso y del Tribunal Supremo por parte de cientos de seguidores de Bolsonaro.
DCN/Agencias