El juez federal de distrito James Boasberg otorgó a la administración del presidente Donald Trump un plazo hasta el jueves 20 de marzo para que responda sobre la hora de salida de los vuelos de deportación de Estados Unidos a El Salvador. La fecha original era el 19 de marzo, pero el Gobierno solicitó una pausa, argumentando que el juez estaba persiguiendo cuestiones irrelevantes para el Poder Ejecutivo.
Los abogados del Gobierno también pidieron más tiempo para presentar sus argumentos legales. En respuesta, el juez Boasberg accedió a una extensión de 24 horas, pero manifestó su frustración ante la renuencia del Departamento de Justicia a proporcionar la información solicitada.
El juez aclaró que la solicitud de información no se trataba de una «microgestión» sino de determinar si el Gobierno había incumplido deliberadamente las órdenes emitidas el 15 de marzo de 2025 y las posibles consecuencias de tal incumplimiento. Además, sugirió que si el Gobierno creía que no tenía la autoridad para pausar los vuelos, debería apelar en lugar de no cumplir con la orden.
El mismo día en que el juez bloqueó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones, llegaron a El Salvador dos vuelos que transportaban a presuntos pandilleros deportados bajo esta ley. El Gobierno estadounidense aseguró que estos aviones habían salido del espacio aéreo antes de la orden del juez y argumentó que este no tenía jurisdicción sobre el asunto.
Los abogados del Departamento de Justicia se negaron a responder preguntas sobre la línea de tiempo de los vuelos, lo que llevó al juez a establecer una fecha límite para que el Gobierno proporcione los detalles necesarios para su resolución.
DCN/Agencias