La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Determinación de Hechos han denunciado esta semana que los presos políticos en Venezuela enfrentan condiciones de reclusión inadecuadas, incluyendo aislamiento y torturas. Esto ha llevado a un deterioro en la salud de muchos, que padecen enfermedades sin recibir la atención médica necesaria.
Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, confirmaron a principios de marzo que al menos 80 de más de 900 presos políticos presentan «cuadros de salud sumamente graves». Se reporta que 30 tienen problemas cardíacos, nueve con enfermedades renales, y otros presentan diabetes, hernias, problemas de visión y tumores no diagnosticados.
Uno de los casos es Mayra Castro, dirigente de Primero Justicia, quien ha enfrentado problemas de salud desde su encarcelamiento en agosto. Su prima, Yamaica Castro, describió la difícil situación de su familia para gestionar atención médica, afirmando que la salud de Mayra está en declive.
La ONG también resaltó que los detenidos políticos viven en condiciones críticas, con escasa alimentación y falta de atención médica adecuada. Un caso notable es el de Emirlendris Benítez, quien sufrió maltratos durante su detención que le causaron complicaciones graves en su salud. Aunque recibió una visita médica, continúa sin los permisos necesarios para exámenes médicos cruciales.
Yolmer Escalona, esposo de Benítez, también enfrenta serios problemas de salud en condiciones de reclusión «inhumanas». Su padre ha señalado una posible falta de tratamiento adecuado. Amnistía Internacional ha solicitado atención médica para otros detenidos, incluyendo a María Auxiliadora Delgado.
Los desafíos para acceder a atención siguen duplicándose debido a la negativa de las autoridades para aprobar traslados y evaluaciones por especialistas, lo que complica aún más la situación de estos presos.
DCN/Agencias