Misión de Determinación de Hechos denuncia nuevas violaciones a los derechos humanos en Venezuela; el gobierno califica el informe de ‘bodrio político’
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, dependiente de la ONU, presentó un nuevo informe ante el Consejo de Derechos Humanos, abordando presuntas violaciones a los derechos humanos en el país después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El embajador de Venezuela ante la ONU, Alexander Yánez, rechazó el informe, al que consideró un «bodrio político». Yánez aseveró que el documento refleja «falsedades» promovidas por sectores extremistas dentro del país.
Durante la presentación en Ginebra, la abogada Marta Valiñas, presidenta de la misión, destacó que las «detenciones arbitrarias de personas opositoras» o que son percibidas como tales han aumentado. La misión investiga las muertes ocurridas en las protestas posteriores a las elecciones para determinar la posible responsabilidad de agentes del Estado venezolano. Valiñas instó a la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, incluido quienes fueron arrestados antes del período electoral. Sin embargo, indicó que la mayoría de los menores detenidos en protestas recientes ya han sido excarcelados, salvo tres.
El informe también menciona que en Venezuela se siguen cometiendo delitos contra los derechos humanos, particularmente en casos de persecución política y privación de libertad. Valiñas subrayó que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ha proferido amenazas públicas contra opositores.
Por su parte, Yánez criticó la misión, afirmando que su existencia depende del financiamiento de la USAID y la Unión Europea, y que persigue un cambio de gobierno en Venezuela. Comparó el informe de la ONU con documentos producidos por la oposición venezolana, sugiriendo que ambos comparten estructura y contenido, lo que demostraría la falta de imparcialidad de la misión. Acusó al Consejo de Derechos Humanos de gastar recursos en personal que no ha visitado el país y de elaborar informes basados en fuentes poco fiables y «politizadas».
Finalmente, Yánez cuestionó por qué el Consejo no utiliza esos recursos para causas más relevantes relacionadas con los derechos humanos, como la compra de vacunas para niños en Gaza o la situación de los venezolanos en Estados Unidos.
DCN/Agencias