Expertos del Grupo de Trabajo Sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU han instado a las autoridades de Venezuela a investigar el paradero de las «víctimas de desaparición forzada» en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio y durante la investidura del presidente Nicolás Maduro.
En un comunicado, los expertos señalaron que, ante la falta de funcionalidad y parcialidad de las instituciones nacionales, las víctimas recurren a mecanismos internacionales para conocer el destino de sus familiares. Sin embargo, el informe no incluye cifras concretas.
El grupo menciona denuncias recurrentes de familiares que no han visto procesadas sus solicitudes y habeas corpus, las cuales a veces ni siquiera son aceptadas por las instituciones venezolanas. Los expertos advierten sobre un patrón sistemático de desapariciones forzadas, implicando a diversas autoridades, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), entre otros.
Se destaca el aumento en el uso de la desaparición forzada como método para callar a opositores, activistas pro democracia y defensores de derechos humanos, lo que genera un clima de impunidad y justicia selectiva. También mencionan las «desapariciones forzadas de corta duración», que se han incrementado antes de la votación y que siguen ocurriendo.
Los expertos argumentan que las autoridades que detienen a personas y ocultan su paradero las colocan fuera de la protección legal. Como solución, sugieren que el Gobierno de Venezuela cumpla con las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y colabore con el Grupo de Trabajo de la ONU. Además, solicitan que se proporcione información sobre los desaparecidos forzadamente y se tomen medidas para prevenir, enjuiciar y erradicar este delito, considerado una grave violación de derechos humanos bajo el derecho internacional.
DCN/Agencias